El BCE, el ‘lobby’ de la banca

Vicenç Navarro

Catedrático de Políticas Públicas de la Universitat Pompeu Fabra

Para qué sirve un banco central? Una de las actividades que un Banco Central realiza en un país es imprimir dinero para, entre otras cosas, comprar la deuda pública de su Estado y con ello bajar los intereses que tenga que pagar su Estado para poder vender sus bonos públicos. De esta manera, cuando los mercados financieros quieren especular sobre el precio de tales bonos públicos (promoviendo en los medios de información, con ayuda de las agencias de calificación de riesgos como Standard & Poor’s, que los estados no podrán pagar los intereses de tales bonos, forzándoles a pagar unos intereses muy altos para poder vender sus bonos –lo que se llama prima de riesgo–), entonces el banco central hace funcionar sus imprentas y produce moneda con la cual comprar su deuda pública, defendiéndola frente a la especulación. Esto es lo que hace un banco central digno de su nombre. Ni que decir tiene que hay también riesgos en imprimir mucho dinero, porque, cuando hay mucha moneda, puede incrementarse la inflación. Pero la inflación en la eurozona no es un problema. Antes al contrario, es demasiado baja, dificultando el crecimiento económico, que es el mayor problema de esta comunidad monetaria.

El problema con la deuda pública de los países de la eurozona es que sus bancos centrales no pueden imprimir dinero ni tampoco pueden comprar su deuda pública. Los estados están totalmente desprotegidos. De ahí que todos (desde Grecia hasta Alemania) tienen o tendrán problemas con su deuda pública. El único banco central que puede imprimir dinero es el Banco Central Europeo (BCE). Pero el problema con este es que no actúa como un banco central, es decir, no compra los bonos públicos de los estados miembros, ni tampoco presta dinero a los estados. El famoso artículo 123 de su reglamento lo dice muy claro. El BCE no podrá comprar deuda pública de los estados. Estos no pueden hacer nada frente a la especulación de los mercados financieros.

Los que sí pueden pedir prestado dinero al BCE son los bancos privados, y lo pueden conseguir a unos intereses bajísimos, al 1,25%. En cambio, los estados tienen que pedir prestado dinero a los bancos, pagando unos intereses elevadísimos, incluso del 7%, como es el caso de Italia (en España es el 6,5%). Este arreglo es una bonanza para los bancos privados. Consiguen dinero fácilmente del BCE y con ello compran bonos públicos que les producen una rentabilidad del 6% o del 7% de lo que compran. El BCE actúa de esta manera, privilegiando a los bancos privados sobre los estados, transformándole en un lobby de la banca.

Como consecuencia de esta situación, los estados se tienen que endeudar más y más y deben mucho dinero a los bancos privados. Y ahí está la raíz del mal llamado problema de la deuda pública, que es incluso más acentuada en aquellos países como Grecia, Portugal, Irlanda, España e Italia, que habiendo estado gobernados por las derechas por la mayoría del periodo posterior a la II Guerra Mundial, tienen estados muy pobres (sus ingresos al Estado son muy bajos: España, por ejemplo, sólo representa un 34% del PIB, frente al 44% en el promedio de la UE-15 o el 52% en el caso de Suecia), resultado de unas políticas fiscales muy regresivas y de un enorme fraude fiscal (en España se calcula que alcanza unos 65.000 millones de euros).

La deuda pública de estos estados ha ido creciendo, no porque su gasto público haya ido creciendo (como los autores neoliberales erróneamente indican), sino porque han cambiado de banco. En lugar de conseguir dinero de su propio banco central, ahora tienen que pedir prestado dinero a los bancos privados. En realidad, si pudieran pedir prestado dinero al BCE a unos intereses de 1,25% (como los bancos privados), no habría ningún problema con su deuda pública. (Ver Ellen Brown, The European Central Bank withholds relief while Rome Burns). Y ahí está la raíz del problema. Se ha diseñado un sistema en la eurozona en el que los estados dependen de la banca privada para conseguir dinero. Y esta es una realidad que el lector raramente leerá en la prensa financiera o económica.

Los bancos se forran a costa del endeudamiento de los estados. Un círculo virtuoso para la banca. Pero la situación es incluso peor que la ya descrita, pues el BCE, al romper con el espíritu del famoso artículo 123, comprando deuda pública a estados como España e Italia, ha puesto como condición que los salarios y la protección social disminuyan, acentuando la necesidad de privatizar el Estado del bienestar, tanto sus transferencias públicas como las pensiones, así como los servicios públicos como la sanidad.

Estas condiciones están escritas en una carta, no conocida por el público, que el entonces gobernador del BCE, Jean-Claude Trichet, y el gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, escribieron al presidente Zapatero condicionando la compra de bonos públicos del Estado español a la toma de tales medidas por parte del Estado español.

Un tanto semejante ha ocurrido con Italia. ¿Por qué hacen tal petición en su carta? En teoría, esta reducción de los salarios y de la protección social se exige para aumentar la competitividad de la economía española y salir así de la recesión. Este es el argumento neoliberal hoy en boga. Es fácil de demostrar que este argumento carece de credibilidad. Suecia es el país con salarios más elevados y con mayor protección social, y su tasa de crecimiento económico es de un 5,6%, uno de los más elevados de la Unión Europea. La explicación real es que, por una parte, el descenso de los salarios aumenta el endeudamiento de la población (lo cual es bueno para la banca) y, por otra, la privatización de las transferencias y de los servicios del Estado del bienestar son la generalización de la deseada privatización de las pensiones públicas y la privatización de la sanidad, el sueño de la banca y de las compañías aseguradoras. Y lo están consiguiendo.

Publicado en Publico.es el 8 de diciembre de 2011

La democracia desigual e incompleta y sus consecuencias económicas y políticas

Artículo publicado por Vicenç Navarro en el diario digital EL PLURAL, 21 de noviembre de 2011

Este artículo cuestiona la visión idealizada de la democracia española que presenta el comportamiento de las instituciones representativas como resultado del mandato que la ciudadanía ejerce a través del proceso electoral en el que se asume que cada ciudadano votante tiene la misma capacidad de incidencia en la gobernanza del país. Tal visión ignora que tanto el sesgo electoral que favorece a las fuerzas conservadoras, como el contexto en el que se desarrolla tal proceso, traduce la enorme influencia que las fuerzas conservadoras, así como grupos de presión dentro de ellas (tales como la banca dentro y fuera de España) ejercen en configurar las políticas de aquellas instituciones. El artículo indica que la mayor causa de la reducción de la democracia española no se debe tanto a factores externos (como la presión de los mercados financieros) sino a la distribución de poder económico-político dentro de España con un sistema democrático poco representativo. Las políticas actuales realizadas por el gobierno Zapatero así como las que desarrollará el gobierno Rajoy no corresponden a un mandato popular, puesto que el proceso electoral no refleja el mandato de la mayoría de la ciudadanía española.

Existe una visión de la democracia que la considera el sistema político que iguala a todos los ciudadanos ante las urnas en el día de las elecciones. El voto del banquero, por ejemplo, cuenta tanto como el voto del trabajador. Es un voto por cabeza. La democracia se presenta así como el sistema político que permite expresar las opiniones de cada ciudadano dándole igual peso a través del proceso electoral. Javier Pérez Royo, en su artículo “La erosión de la Igualdad” (El País. 12.11.11) subraya tal característica igualadora de la democracia española indicando que esta característica queda amenazada cuando las decisiones de los elegidos, los representantes de la ciudadanía, responden a influencias exteriores, tales como los mercados financieros, que rompen con este principio de igualdad, pues su poder es enorme y fuerza a que los representantes tengan que tomar decisiones en contra del deseo popular. Javier Pérez Royo alerta de que tales factores externos están reduciendo la democracia española a unos niveles insoportables.
Tal versión de la democracia y de sus limitaciones externas, bien resumida en el artículo de Javier Pérez Royo, está basada en unos supuestos altamente cuestionables. En primer lugar, la característica de la democracia y su sistema electoral como igualitario es fácilmente demostrable que no se corresponde con la realidad en nuestro país. En España, el voto de una persona que viva y vote en territorios tradicionalmente conservadores, tiene mucho más valor en su capacidad de influenciar el proceso de gobernanza del país que una persona que viva y vote en un territorio tradicionalmente progresista. En otras palabras, el sistema electoral tiene un sesgo muy marcado que favorece a las derechas a costa de las izquierdas. El caso más extremo es el caso de Izquierda Unida que, en las últimas elecciones al Congreso de los Diputados consiguió casi un millón de votos, y a pesar de ello, la ley electoral le permitió tener sólo dos representantes en las Cortes Españolas, un número mucho menor que otros partidos de persuasión conservadora, que obtuvieron muchos menos votos. En realidad, la suma de todos los votos a partidos de izquierda en la mayoría de elecciones legislativas a las Cortes Españolas ha sido mayor que los votos a las derechas (2.677.061 votos en 1982; 1.460.497 en 1986; 2.174.278 en 1989; 2.014.027 en 1993; 1.250.822 en 1996; 2.152.514 en 2004 y 1.486.896 en 2008), sin que ello se haya traducido en mayorías de izquierdas en las Cortes españolas, excepto en el periodo 1982-1993 (ver el artículo “Cuestionando algunos de los análisis que se han hecho sobre las elecciones del 9 de marzo del 2009”, de Vicenç Navarro, Marta Tur y Maria Freixanet, en www.vnavarro.org)
Y esto no ocurre por casualidad, pues responde a un diseño realizado en la época predemocrática, cuando la Asamblea del Movimiento Nacional puso como condición para su disolución que el proceso electoral tuviera un sesgo en contra de las izquierdas y muy en especial en contra del Partido Comunista que fue el partido clandestino que protagonizó la lucha contra la dictadura. Es cierto que este sesgo no ha impedido, como he indicado en el párrafo anterior, que un partido cuyas bases electorales son de izquierda, el PSOE, haya obtenido incluso mayorías absolutas en las Cortes. Pero el hecho es que sus propuestas reformistas, incluidas en sus programas electorales, frecuentemente no han sido realizadas debido a tener que aliarse con partidos a su derecha para conseguir la mayoría parlamentaria. El apoyo del PSOE al sistema electoral vigente que favorece el bipartidismo (y que le favorece electoralmente) ha obstaculizado, sin embargo, la aplicación de su programa, contribuyendo a la frustración y desapego de su electorado. La situación actual es un ejemplo de ello.

Las limitaciones a la democracia no son sólo externas
El segundo supuesto erróneo de la versión idealizada de nuestra democracia es asumir que los agentes limitadores de la democracia sean predominantemente externos, citándose con gran frecuencia a los mercados financieros como uno de ellos, una categoría analítica excesivamente genérica. En realidad, estamos hablando del capital financiero, centrado en la banca. Pues bien, la banca española (no extranjera) ha sido el mayor poder fáctico (mayor que la Iglesia y el Ejército) que ha condicionado con mayor frecuencia e intensidad la acción de los gobernantes en España. La evidencia científica que apoya tal observación es robusta.
La enorme influencia de la banca (aliada frecuentemente con la gran patronal) en el proceso político, incluyendo el proceso electoral (y no digamos ya en el proceso legislativo) es enorme. Tal influencia se realiza no sólo directamente, actuando sobre los políticos, sino también indirectamente, a través de los medios de información sobre los cuales ejercen también gran poder (véase mi artículo La Banca, el Fraude Fiscal y el The New York Times en www.vnavarro.org). Los mayores medios de comunicación están altamente influenciados por la banca debido a su clara dependencia económica. Y puedo hablar con autoridad. Diez días antes de que un libro Hay alternativas. Propuestas para crear empleo y bienestar social que tres economistas (Juan Torres, Alberto Garzón y yo mismo) escribimos, presentando políticas públicas alternativas a las existentes (crítico de la banca y de otras instituciones financieras y de la gran patronal) que iba a publicarse por una de las mayores casas editoriales en España, se retiró y toda la promoción desapareció debido –según la propia casa editorial- “a presiones externas a la editorial” que, aún cuando no fueron especificadas, procedían, en última instancia, de una institución financiera.
Ha sido la banca española, aliada predominantemente con la banca alemana y francesa, la mayor responsable de las burbujas inmobiliarias, y más tarde de la deuda pública, causa de la crisis en la que nos encontramos. En realidad, lo que estamos viendo hoy es como el gobierno español está aplicando las medidas que la banca española y la gran patronal han estado deseando por muchos años utilizando el argumento de que la presión de una fuerza externa –los mercados- no permite otras políticas que las que se están realizando. No hay duda de que estas políticas se exacerbarán todavía más con el gobierno de derechas que ganó las elecciones legislativas este domingo.
Tales políticas de austeridad de gasto público, incluyendo el social, con debilitamiento de la protección social, no sólo son innecesarias, sino que son contraproducentes, llevando al país a la Gran Recesión. Prueba de ello es que todos los grandes recortes de derechos sociales y laborales que han ido aprobándose en las Cortes españolas (y que se defendieron con el argumento de que eran necesarios para calmar a los mercados financieros), han sido inútiles, tal como algunos de nosotros predijimos, para recuperar la confianza de tales mercados y evitar el deterioro de la economía.

La predecible respuesta neoliberal a la crisis
La respuesta del PP y de economistas ultraliberales como Sala i Martín al hecho de que la economía española no se está recuperando, es que tales recortes de gasto público (incluyendo el social) han sido demasiado pequeños y que las reformas laborales (encaminadas a facilitar el despido de los trabajadores) no han sido suficientemente duras. Tal postura carece de credibilidad científica. Es el triunfo del dogma sobre al evidencia empírica. No es extraño que los que sostienen tal dogma, nieguen también –como hace Sala i Martín- que haya un cambio climático resultado de decisiones y actividades que podrían haberse evitado o revertido. El consejo de tal economista al futuro gobierno de Rajoy es que hay que gobernar con mano dura “aplicando recortes dolorosos que crearán malestar social…ignorando el nuevo radicalismo del PSOE… y las posturas demagógicas populistas de los indignados” (La Vanguardia. 17.11.11). El dogma neoliberal y los recortes que propone, en el país que tiene ya el gasto público (incluyendo el social) más bajo y el Estado del Bienestar menos desarrollado de la UE-15, no nos llevará a recuperarnos. Antes al contrario. Y creará un número todavía mayor de movilizaciones de protesta.

El problema está dentro, no sólo fuera de España
La enorme indignación que estas políticas han generado debe canalizarse, sin embargo, hacia el interior, y no sólo o predominantemente al exterior. El mayor problema lo tenemos dentro, no fuera del país. Por cada recorte que se está imponiendo a la población, existe una alternativa que ni se consideró y que habría afectado a los intereses de los sectores pudientes de la población en lugar de los sectores populares. En lugar de congelar las pensiones, que permitió un ahorro de 1.500 millones de euros se podría haber anulado las rebajas fiscales –aprobadas por los partidos PSOE y PP- a las grandes empresas que facturan más de 150 millones de euros (y que son sólo el 0,12% de todas las empresas) con lo que se podrían haber obtenido 5.300 millones, cantidad muy superior a la obtenida con la medida anterior.
El hecho de que sistemáticamente las políticas públicas que se aplican favorecen sistemáticamente a aquellos grupos minoritarios que derivan sus rentas predominantemente del capital, a costa de las rentas del trabajo (de donde derivan sus ingresos las clases populares) tiene que ver más con los factores internos (las relaciones de poder de clase dentro del país) que externos, sin negar la existencia de los últimos. Hay una alianza de intereses financieros a nivel europeo e internacional que explica que el diseño de las instituciones de la Eurozona favorezcan sistemáticamente a las élites financieras de cada país, que controlan en realidad el Banco Central Europeo, que no es un banco central sino un enorme lobby de la banca y, muy en especial, de la banca alemana.
La crisis de la deuda pública española tiene muy poco que ver con el tamaño de la deuda pública o con el tamaño del déficit (Italia tiene un déficit del Estado de sólo un 4% del PIB y la deuda pública española es menor que el promedio de la UE-15). La causa de sus problemas es la falta de herramientas por parte de Estado español (tales como impresión de moneda y compra de deuda pública) que le permitiera defenderse frente a los ataques especulativos de los mercados financieros. Como bien ha descrito y documentado Jeff Faux, fundador del conocido instituto de investigación económica internacional, The Economic Policy Institute en su libro The World Class War, existe una alianza de las élites dominantes (o de lo que los indignados estadounidenses definen como el 1% en cada país) a nivel internacional que dominan las instituciones internacionales (incluyendo el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional) que apoyan medidas que favorecen los intereses de tales minorías en cada país.
No es, pues, la desaparición de los Estados, sino el reforzamiento del conflicto dentro de cada país, entre una minoría muy poderosa, por un lado, y las clases populares por el otro, con el apoyo de las primeras por parte de estos organismos internacionales, como el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional.
De ahí la enorme urgencia de informar a la población de que hay alternativas que favorecen a las últimas en lugar de a las primeras, rompiendo con el determinismo imperante de que las que se están imponiendo son las únicas posibles. Y una alternativa urgente y necesaria es democratizar el sistema electoral español para que las Cortes españolas defiendan los intereses de la mayoría de la población, lo cual no ha estado haciendo, resultado de la enorme desigualdad existente en la democracia española, causa del enorme desprestigio de la clase política del país.

¿Es legal el debate entre PP y PSOE?

Santiago Hernández León

Una vez más hemos tenido debate entre los dos partidos que a priori tienen más posibilidades de ganar las elecciones. La ciudadanía lo esperaba con ansiedad, la gente tiene sed de debate y éste se mira como algo positivo. Sin embargo, no parece claro que sea un procedimiento legal, o al menos, transparente. Si el criterio se basa en seleccionar aquellos partidos que obtuvieron más votos en las pasadas elecciones quizás se pueda justificar, pero el concepto de elecciones en democracia es, o debe ser, borrón y cuenta nueva. Puede ocurrir, y a veces pasa, que una parte del electorado cambie su opinión y en vez de votar por el partido A ó B se deciden por el C. En este caso, los más votados serán por ejemplo B y C. ¿Es justo que se le haya dado una oportunidad propagandística de oro al partido A? Parece que no. ¿Se ha perjudicado seriamente a C? La respuesta es evidente.

En democracia, todos los partidos de ámbito nacional, aquellos que se presentan a un número de circunscripciones suficiente como para poder gobernar (deberían ser todos pero ese es otro tema), deben entrar en el debate. Es lo justo pues de otra forma estamos no solo fomentando el bipartidismo sino favoreciendo que el bipartidismo siempre tenga los mismos colores. Sin duda, esta estrategia es parte de esa opereta de la democracia parlamentaria en la que vivimos. Prácticamente anula la posibilidad de que un tercer partido entre en la competencia por el liderazgo.

Lo verdaderamente democrático  es que el sistema de votaciones sea a dos vueltas (en una se vota en conciencia, en la otra se hace voto útil). Solo en este caso sería legal un debate con las dos formaciones más votadas en la primera vuelta. Querer hacer un debate en nuestro sistema electoral es un claro fraude y, sin duda, una forma por la cual los dos partidos mayoritarios reconocen que no creen en la democracia, solo les interesa el poder a toda costa, aún saltándose la decencia.

Un claro ejemplo de lo que digo es que desde siempre han pactado no hablar de los temas que les desacreditan y que podría hacer que el partido C pueda prosperar. No hablar de la corrupción en un debate de este tipo es tomarnos por idiotas. Es el máximo nivel de conchupancia. Se echan los trastos a la cabeza en la campaña electoral, debaten duramente (a veces), pero están de acuerdo en lo fundamental (el poder y el dinero). Nadie más debe entrar en ese juego. Y la gente tan tranquila y ansiosa.

Conferencia en el Círculo Cultural de Telde

El próximo viernes día 21 tendremos la conferencia titulada "Democracia para idiotas". Será en el salón de actos del Círculo Cultural de Telde, calle Juan Diego de la Fuente, 12, piso segundo, a las 20:00 horas. Hará la presentación Fernando Ojeda Pérez.

Analizaremos lo que es la democracia en sus vertientes política y social y se realizará una comparación entre los requisitos que debe cumplir un régimen democrático, y en qué grado cumplen las democracias parlamentarias con dichos requisitos. Consideraremos los conceptos de separación y división de poderes, las elecciones primarias, la financiación de los partidos, la elección del poder ejecutivo, legislativo y judicial; la limitación de los mandatos, la transacción del voto, el bipartidismo, la alianza de partidos, la prensa,…

Una interesante idea: www.votowiki.net

Hace unas semanas nos preguntamos cuál podría ser la salida del 15-M con respecto a las próximas elecciones. Una de esas respuestas puede estar en www.votowiki.net, una interesante idea para no dispersar el voto, para que tu voto pueda ser útil el próximo 20 de noviembre sin renunciar a tus preferencias.

La idea es tener una red de coordinación democrática ciudadana. Desde aquí animo a todo el personal a entrar y comenzar a sentir lo que puede ser un cambio en la forma de vivir la antigua plaza, aquél sitio donde el pueblo podía exponer sus inquietudes, ponerse de acuerdo y tomar decisiones.

Excelente idea.

¿Cuál crees que puede ser la salida del 15-M?

No cabe duda que existe un debate nacional acerca de cómo se debería encauzar toda esa energía potencial que se llama 15-M para forzar el cambio hacia una sociedad más democrática en nuestro país. Una gran mayoría de la población simpatizó en su momento con dicho movimiento. Lo curioso es que tanto los votantes de izquierda como de derecha vieron con buenos ojos la protesta ante un sistema que se ha convertido en indecente para sus ciudadanos. Sin embargo, nadie vislumbra la salida y mucha gente piensa que quedará en la historia como un amago más de rebelión ante una situación injusta.

Sinceramente creo que cuando una idea penetra en la ciudadanía, difícilmente se olvida. Por tanto, o bien el sistema imperante hace guiños de cambio para que todo siga igual, o bien se acelera el proceso de democratización. El sistema ya está en lo primero y desde luego quitará fuerza a los que quieren un sistema democrático propiamente dicho. El problema está en los que hasta ahora no han dado señales de tener una fuerte base ideológica, una propuesta sólida, un norte. Una cuestión importante es que presentarse a las elecciones es tiempo perdido, pues nadie puede competir con el sistema a la hora de financiar una campaña, utilizar los medios de propaganda, o simplemente hacer llegar un mensaje claro al público en general sin que sea distorsionado. Es imposible.

Desde aquí lanzamos la pregunta. Utiliza los comentarios de este blog para proponer cuál puede ser ese norte al que hacíamos referencia en el párrafo anterior. ¿Cuál debe ser la base ideológica? ¿Qué estrategia se debe adoptar? ¿Qué se puede hacer en la próxima convocatoria electoral? A medida que vayan llegando los comentarios los iremos publicando.

Ni calasas ni solesiadas

Antonio Morales Méndez

Decididamente parece que el verano no le sienta bien a la democracia. Ni el verano ni los loco playas mensajeros de los mercados que atentan contra su futuro. Hace ya dos años, finalizado el estío de 2009, y en este mismo medio, escribí un texto resumen de lo acontecido en ese mes de agosto, que titulé “Las democracias no son para el verano”, en el que me hacía eco de la gravísima situación que se vivía con un sinfín de casos de corrupción en los medios de comunicación (decía el PP que aventados por el PSOE para tapar los propios y que utilizaba para ello a los policías, a los jueces…), con millones de trabajadores absolutamente desprotegidos, llenos de miedos y desaliento y del abandono de las víctimas y los familiares del accidente aéreo de Barajas de 2008.

Dos veranos más tarde la situación denunciada no sólo no ha mejorado sino que se ha agravado penosamente: los afectados por el accidente del JK 5022 siguen en las mismas condiciones, desprotegidos por el Estado y con un informe emitido tres años después –también en este agosto- por una CIAIAC incompetente y de imparcialidad cuestionable que exonera a las grandes compañías de aviación y deja en manos de la rentabilidad económica de éstas y de su cuenta de resultados la seguridad de todos nosotros; los trabajadores de este país continúan en un pozo sin fondo, cada vez con más hogares sin ningún tipo de recursos, con un mayor grado de exclusión social y con unas expectativas de futuro desesperanzadoras y los casos de corrupción que sembraron la alarma y la desazón en tanta gente (Tebeto, Tindaya, Góndola, Eolo, Faycán y Brisan en Canarias y Gürtel, Fundescan, en Madrid, Camps, Fabra y compañía en Valencia, Mata, Andratx y Palma en Mallorca, Totana en Murcia, etc), continúan en el limbo debido a que una Justicia lenta, sin medios, y algunas veces servil, no los ha puesto en su sitio y castigado severamente como principales causantes del debilitamiento de la democracia y el desafecto de la ciudadanía.

Transcurrido este tiempo, la realidad ha tomado una deriva increíble y todo parece haberse precipitado en este aciago verano. Los índices de percepción de la ciudadanía sobre la política y los políticos son cada día más negativos. El descrédito y los abismos que se abren entre los españoles y la política son cada día mayores.

A principios de agosto, la parte más visible de la voracidad del capitalismo no dudó en poner contra las cuerdas a EEUU y Europa, amenazando con llevarse por delante a Italia, España, Francia y por ende el proyecto de unidad europea. Era, como se pudo comprobar más tarde, una clara escenificación de su fuerza y de una potente amenaza; de hacer constar que son los mercados quienes toman las decisiones y que los estados y los gobiernos de turno no son más que torpes muestras de una caricatura de democracia. Se vivieron momentos muy duros de pavor e incertidumbre que se tradujeron posteriormente en un ataque brutal a lo público y a la propia democracia.

Como consecuencia de este embate de los mercados, en una buena parte de Europa y, desde luego, en España, se pone en marcha una presión calculada para exigir la desaparición de un número importante de municipios y, más tarde, de las diputaciones (Rubalcaba dixit). Alrededor de todo ello, unas veces de manera interesada y otras de manera inconsciente, se empiezan a suceder titulares hablando del despilfarro de los municipios, de los sueldos desmesurados de los alcaldes (así, de manera genérica) y de lo caro que supone al Estado mantener todo eso. No es casualidad tampoco que las instituciones municipales, que en las encuestas siempre han aparecido con una valoración alta por parte de los ciudadanos, salgan ahora también muy cuestionadas. Y es que van calando los mensajes. Todo lo público sobra. De repente ahora, tras siglos y siglos de existencia de estas administraciones, cercanas y efectivas como ninguna otra, nos damos cuenta de que no sirven para nada, que están de más y que son carísimas de mantener. Se trata en definitiva de transmitirnos que los servicios que prestan estas administraciones cercanas pero despilfarradoras, derrochadoras y mal gestionadas, se podrían sustituir por utes empresariales serias y solventes, ejemplos de buena gestión y llevadas por ejecutivos impecables que entonces si podrán cobrar sueldos millonarios, que pagaríamos todos, como ahora sucede con las eléctricas, las telefónicas, las cajas de ahorros, la banca estatal, etc, que antes eran públicas y ahora nos tienen sometidos a todos.

Por eso hay que ir a por los ayuntamientos, a por las diputaciones y después a por las comunidades hasta ahogarlas, desacreditarlas y poner a los ciudadanos en contra, con la complicidad de un gran poder mediático en manos de los grandes lobbys empresariales.

Y para eso, en posición de firme ante el neoliberalismo más duro y el capitalismo más brutal, al señor Zapatero no se le ocurre otra cosa que proponer al PP -en contra de la posición de otros países europeos como Dinamarca, por ejemplo, que acaba de aumentar su déficit público “para dinamizar la economía”, y en contra de la opinión de premios Nobel como Krugman, Stiglitz o Eric Maskin- modificar la Constitución española con el objetivo de limitar el déficit público y mandar otro mensaje de tranquilidad –el latiguillo de siempre- a los mercados, a los que, por cierto, la medida les ha entrado por un oído y salido por otro. Se ha escrito mucho sobre este tema y yo no quiero repetirme, pero está meridianamente claro que se trata del desprecio más absoluto a la democracia, a la pluralidad de partidos y a la ciudadanía y a sus organizaciones sociales y –esta reflexión no la he escuchado y me parece especialmente grave- al Parlamento. De un plumazo se escenifica, aunque esto no es nuevo, ante todos nosotros que el Parlamento, que el Poder Legislativo, una parte fundamental del Estado de Derecho, está a las órdenes del gobierno o de los partidos. Nos deja absolutamente claro el señor Zapatero que él toma una decisión y sus diputados –a pesar de algunas veladas críticas de salón- tendrán que seguirle sí o sí. El Parlamento está obligado a votar lo que digan los señores Zapatero y Rajoy. Y punto. Gravísimo, pero real. De un plumazo se decide cambiar la Constitución del consenso y el diálogo de la transición, para convertirla en un instrumento de arrinconamiento del Estado de Bienestar, para consolidar un modelo neoliberal social y económico. Para afianzar un bipartidismo entregado al capitalismo más duro. Para hacer de la Constitución un libro de cuentas, como si el país fuera un gran centro comercial. Para, por una vía absolutamente antidemocrática, cambiar el sistema político de un país convirtiéndolo en neoliberal, así, sin más. Como si no fuera mucho más urgente y necesario hacer todas las reformas que sean precisas para modificar la Ley Electoral, para apuntalar el Estado de Bienestar o para profundizar en los mecanismos de creación de empleo y vivienda…

Igualito que en Francia, donde sí saben de constituciones sagradas. Ahí al señor Sarkozy, que junto con Merkel está dirigiendo la política económica española, no se le ha ocurrido cambiar la Constitución sino poner en marcha –también en agosto y a petición de los franceses más ricos- un gravamen especial del 3% a los que ganan más de 500.000 euros hasta bajar el déficit. Aquí, dice el señor Rubalcaba –que anda prometiendo ahora todo lo que no ha querido hacer mientras gobernaba- se tomará esta medida en la próxima legislatura. Y no se le termina de caer el pelo.

Cuanto sometimiento, Dios mío, de una socialdemocracia incompetente para buscar alternativas y de una derecha retrógrada, seguidista e incapaz de poner otras propuestas que no sean la de más privatizaciones y menos Estado.

Nunca un verano había dado para tanto liberticidio. Los políticos de turno con capacidad de decisión no han intentado siquiera disimular su papel de comparsas y de cómplices activos y necesarios para el desmoronamiento de la democracia, de los derechos sociales y laborales, de la defensa de las libertades y de lo público.

No son calasas ni “solesiás” de un verano intenso. Aunque nos lo quieran hacer creer, los disturbios de Londres, como antes los de París, Grecia, etc, no son una anécdota. El rechazo a la política y a los políticos no es una casualidad. El aumento de la extrema derecha no es una broma.