Jaume Grau
1 de febrero de 2013
El problema de la corrupción en España no se encuentra en la financiación ilegal de los partidos políticos, ni en los sobresueldos que han salido a la luz gracias al affaire de Barcenas, ni en los negocios más o menos oportunistas y fraudulentos que puedan hacer algunos miembros de la familia real. Todos estos casos que tienen responsables con nombres y apellidos son los granitos que supuran pus y que aparecen como síntoma de la enfermedad, pero no son la enfermedad en si. La enfermedad, la corrupción, actúa a otro nivel, a un nivel no detectable por la justicia, actúa de forma legal y aparentemente sin mácula.
El problema de la corrupción en España se encuentra en la connivencia entre una clase económica y empresarial muy poderosa pero poco competitiva y una parte muy importante de nuestra clase política que en algunos casos actúa de buena fe, aparentemente para salvaguardar los intereses económicos de España. Salvando honrosas excepciones que las hay, el empresariado de este país no tiene más remedio que medrar a costa del estado para sobrevivir, porqué es incapaz de ganar en competividad y en justa lid con empresas de otros países, dentro y fuera de nuestras fronteras. Por eso necesita al estado, por eso necesita políticos fácilmente corruptibles, porque es más fácil saber a qué puerta hay que llamar para llevarse un concurso que preparar un proyecto sólido que lo gane en competencia y sin ningún género de dudas.
Hay un dato sólido que viene a apoyar esta apreciación: España es el estado que más sanciones acumula de la UE por causas diversas, que van de las ayudas ilegales a empresas (el reciente caso Magefesa), a falta de control de las autoridades en diversas actividades económicas (véase el caso de las plantaciones de viña en Castilla la Mancha y Extremadura), o en adjudicaciones de concursos no ajustadas a la ley. El tribunal de la UE ha sancionado esta semana a España a pagar 33 millones de euros por las adjudicaciones fraudulentas de diversos tramos del AVE que va de Madrid a Barcelona.
Esto es corrupción: concursos amañados de antemano, sobrecostes en las obras adjudicadas, atribución de plazas a dedo, recalificación de terrenos, favoritismo electoralista en las inversiones, precios pactados al alza en distintos servicios, trato de favor fiscal , condonación de créditos, favoritismo en la publicidad institucional en medios de comunicación, la lista es interminable y afecta a casi todos los niveles de la producción. Todos estos procesos se realizan en la más estricta legalidad, pero son prácticas corruptas, y de estas prácticas surgen los especímenes oportunistas que intentan sacar provecho propio, o los partidos que intentan sufragar sus gastos como pago a sus favores.
La corrupción, pues, actúa de forma legal, es una enfermedad crónica, una práctica que pocos cuestionan, y que alarma y horroriza a la sociedad cuando vemos que síntomas producen, sean políticos que se enriquecen, sean partidos que se financian. La corrupción es una enfermedad, con una horrible patología, pero es de ley. En España la corrupción es un asunto de estado, un asunto legal.
domingo, 10 de febrero de 2013
sábado, 8 de diciembre de 2012
El ‘expolio’ social del que no se habla
Vicenç Navarro
Catedrático de Políticas
Públicas. Universidad Pompeu Fabra, y Profesor de Public Policy. The Johns
Hopkins University.
Publicado en el periódico digital "Público" el 6 de diciembre de 2012.
Un argumento utilizado
por los independentistas catalanes para defender la tesis de que Catalunya
tendría más recursos si se independizara de España es que España está
“expoliando” a Catalunya. No voy a entrar en este artículo en este tema, sobre
el cual he escrito extensamente en varios artículos mostrando que el escaso
desarrollo social de Catalunya no se debe al supuesto expolio nacional sino al
enorme poder que las derechas catalanas y españolas han tenido y continúan
teniendo a los dos lados del Ebro, situación responsable del subdesarrollo
social de Catalunya y de otras partes de España, como documento en mi libro El
Subdesarrollo social de España. Causas y Consecuencias, Anagrama. 2006. En este
artículo quiero centrarme en la existencia de un expolio del cual ni los
nacionalistas de los dos lados del Ebro ni nadie más están hoy hablando, ni en
Catalunya ni en España. Es el expolio de una minoría -lo que solía llamarse la
burguesía financiera e industrial- al resto de la población, y que está
ocurriendo a lo largo de todo el territorio español, incluyendo Catalunya. Tal
minoría no está contribuyendo al Estado (tanto central como autonómico) lo que
contribuyen todos los demás. Si pagara al Estado lo que pagan todos los demás,
la cifra resultante para toda España sería de más de 30.000 millones de euros
al año, con lo cual podríamos haber evitado hacer todos los recortes de gasto
público y social que están dañando de una manera muy acentuada el bienestar y
calidad de vida de la mayoría de la población en general y de las clases
populares en particular, tanto en Catalunya como en el resto de España. (Ver el
informe del Observatorio Social de España, El impacto de la crisis en las
familias y en la infancia. Ariel. 2012).
Para entender la
naturaleza de este expolio, hay que entender cuáles son las fuentes de ingreso
más importantes al Estado que incluye, como he señalado en el párrafo anterior,
no sólo el Estado central, sino los Estados autonómicos. Pues bien, cuatro son
las fuentes más importantes: una son los ingresos derivados de los impuestos
sobre las rentas, primordialmente del trabajo, o IRPF (que es un impuesto que
paga la mayoría de la población trabajadora); la otra fuente son los impuestos
sobre el capital que afectan a un grupo muy minoritario de la población
(predominantemente los burgueses y los grandes empresarios); la tercera fuente
son los impuestos sobre el consumo, IVA, que toda la población,
independientemente de sus ingresos, paga cuando compra algo, y que es sumamente
regresivo; una cuarta fuente son los impuestos especiales que, como su nombre
indica, son impuestos para fines concretos; y, finalmente, otra categoría que
se define como “otros impuestos”.
Pues bien, según el
excelente informe de la Fundación 1º de Mayo de Comisiones Obreras (uno de los
centros de estudios más rigurosos que
publica periódicamente informes que cuestionan la credibilidad del conocimiento
producido por los centros de estudios financiados por la Banca y la Gran
Patronal, como FEDEA), escrito por el economista Manuel Lago (y del cual
extraigo la mayoría de los datos que presento en este artículo), los ingresos
derivados del IRPF en España, desde el último año antes de que se iniciara la
crisis, 2006, hasta el año 2011, crecieron un 6%, pasando el Estado de ingresar
64.638 millones de euros a 68.557 millones. Los fondos públicos procedentes del
impuesto sobre el consumo bajaron sólo ligeramente (-2%), pasando de 52.817
millones de euros a 51.580 millones. Los fondos que el Estado recogía vía los
impuestos especiales crecieron muy poco (2%), pasando de 18.699 millones de
euros a 19.025 millones, y la categoría de “otros impuestos” subió más (5%),
pasando de 5.696 millones de euros a 5.971 millones. Estos fondos procedentes
de tales impuestos derivan, en gran parte, de la mayoría de la gente que
trabaja y consume (lo que la literatura sociológica definiría como clase
trabajadora y clases medias). Y a lo largo del periodo 2006-2011 se han
mantenido o han aumentado.
Ahora bien, si analizamos
qué ha pasado con las rentas derivadas del capital y de sus diferentes
componentes, tales como capital financiero (bancos, compañías de seguros y
compañías de alto riesgo, entre otros), capital industrial (grandes
corporaciones multinacionales) o capital de servicios (empresas de marketing y
asesorías, entre otras) vemos que los ingresos al Estado derivados de la carga
impositiva sobre el capital han bajado de una manera muy acentuada, casi
espectacular (-68%), pasando de 41.675 millones de euros a 13.383 millones. Es
decir, en otras palabras, el Estado ha dejado de ingresar 28.292 millones de
euros. En realidad, el descenso total de ingresos al Estado, pasando de 183.525
millones de euros a 158.516 millones, procede mayoritariamente de gravar menos
las rentas del capital, hecho que es el
mayor responsable de la bajada de ingresos al Estado durante este periodo
(14%). En total el Estado ha pasado a ingresar 25.009 millones de euros menos,
que es una cifra muy cercana a los 28.292 millones que el Estado no ingresó
como consecuencia del descenso de los ingresos procedentes de las empresas, es
decir, del capital. Manuel Lago documenta con gran detalle los cambios que han
ido ocurriendo en cada uno de estos impuestos y sus consecuencias en cuanto a
los ingresos al Estado. Lo que les acabo de escribir es el resumen de cómo han
evolucionado los ingresos. Y lo más llamativo es que los ingresos procedentes
del impuesto de sociedades (que es el impuesto al capital), que representaban
el 23% de todos los impuestos en el año 2006, han pasado a ser sólo un 8%. Sí,
lo ha leído bien, sólo un 8%. El mundo empresarial contribuye mucho, mucho
menos que la mayoría de la población, incluyéndole a usted, lector, y a mí.
Ni que decir tiene que
los centros de estudios financiados por la banca y por la gran patronal han
intentado explicar tal descenso de su contribución al Estado atribuyéndolo a la
reducción de sus beneficios, resultado de la crisis económica. Manuel Lago
muestra contundentemente que ello no es del todo cierto. La reducción de
beneficios es sólo una pequeña parte de la causa del descenso de los ingresos
al Estado procedente de las empresas. Tal descenso es mucho mayor que el
descenso de beneficios, una situación que es particularmente acentuada entre
las grandes empresas, llamadas multinacionales. En realidad, el descenso de su
aportación al Estado es consecuencia de la gran cantidad de lo que llaman
incentivos fiscales, incluyendo las enormes deducciones, y nuevos sistemas de
ingeniería contable que hacen que lo que en teoría pagan las rentas del capital
(35%, bajado más tarde a 30%) se haya reducido en la realidad a un 5%. Sí,
repito, ha leído bien, a un 5%. Las otras empresas (que no son grandes empresas
multinacionales y facturan menos de diez millones de euros) pagan menos que su
tipo nominal, siendo el real 15,3%, más de tres veces más que las
multinacionales.
El significado de estos
datos y otros aportados por el informe es que, durante el periodo de la crisis
2007-2011, las empresas financieras, industriales y de servicios (es decir, el
capital) declararon 851.933 millones de euros de beneficios, por los cuales
tributaron 101.421 millones, es decir, un 11,9%. Si hubieran pagado el 28,5%,
que es lo que la Agencia Tributaria considera como el tipo nominal medio, el
Estado hubiera ingresado 242.801 millones de euros, es decir, 141.380 millones
de euros más, unos 35.000 millones de euros más anuales (tomando las cifras de
2009), que es, por cierto, la cifra de recortes de gasto público que los
sucesivos gobiernos han estado exigiendo a la población española, recortes que
se están haciendo para compensar las enormes ventajas fiscales que se han hecho
a las rentas del capital. Es el tamaño de lo que debería llamarse el expolio
social, muchas veces superior al supuesto expolio nacional. Y, en cambio, el
gran debate es sobre este último (entre aquellos que sustentan que hay un
expolio nacional y los que señalan que no lo hay), y no sobre el anterior, que
está perjudicando a las clases populares de toda España, incluida Catalunya. El
hecho de que los establishments políticos y mediáticos españoles y catalanes se
centren en el debate nacional y no en el debate social, se explica por el
enorme poder que el capital tiene sobre tales establishments a los dos lados
del Ebro. Así de claro. Incluso, descontando deducciones justificables y otras
medidas, tal como Hace Manuel Lago, la cantidad continúa siendo respetable. Es
más, si las rentas del capital se gravaran como las rentas del trabajo a la
mayoría de la clase trabajadora que está en nómina (como algunos partidos han
sugerido), la cantidad de 35.000 millones ascendería a muchos millones más. ¿No
creen que hay algo injusto en ello? A las clases populares se les está
imponiendo toda una serie de sacrificios, a fin de mantener enormes beneficios
y privilegios fiscales al gran empresariado financiero y multinacional del
país. Créanme que en España, incluyendo Catalunya, el que no está indignado es
que no sabe lo que está pasando en su entorno. Así de
claro.
martes, 10 de abril de 2012
Democracia para Idiotas
Estos tiempos convulsos y revueltos en los que la ciudadanía no solo ha perdido la fe en los dirigentes sino también en el sistema político y financiero, están conduciendo al desánimo de muchos. También nos llevan a la búsqueda de alternativas a esta denostada democracia que nos han impuesto. Santiago Hernández León, con su obra Democracia para idiotas, nos aporta las herramientas necesarias para entender el por qué de esta situación y como posicionarnos para revertirla hacia una nueva sociedad en la que las decisiones estén en manos de los ciudadanos y no de determinadas élites como sucede en la actualidad.
Democracia para idiotas es un ensayo que nos acerca al concepto objetivo de democracia con un marcado carácter didáctico desde una valiente, osada y despiadada crítica hacia todos los estamentos que contribuyen de forma espuria a distorsionar y prostituir el verdadero sentido y esencia de la misma, con la finalidad de mantener los privilegios de unos pocos en detrimento de la mayoría de los ciudadanos. Desde el prólogo Santiago Hernández León deja manifiestamente claro su rechazo a un sistema que califica de “putrefacto”, eludiendo los circunloquios o términos políticamente correctos en los que muchos autores se refugian para no molestar a los poderosos (mercados, organizaciones empresariales, partidos políticos, sindicatos, poder judicial, medios de comunicación….). De forma pedagógica disecciona el concepto de democracia y sus dos vertientes, la política y la social, mediante el análisis y reflexión sobre la separación, división y elección de los poderes; las elecciones primarias, la financiación de los partidos, la elección del poder ejecutivo, legislativo y judicial; la limitación de mandatos, la transacción del voto, el bipartidismo, la alianza de partidos, los nacionalismos, la policía y división de poderes, los sindicatos, la prensa,…
En este ensayo Santiago Hernández León va más allá del concepto y del devenir histórico de la democracia, así como de las deliberaciones críticas sobre el sistema imperante con un canto a la esperanza en un vibrante epílogo en el que deja en manos de los ciudadanos “el poder para decidir nuestro futuro, para ejercer la libertad y buscar la felicidad, el propósito de nuestra vida”. Estamos en suma, ante un texto fruto de estudios teóricos, de análisis, de comprobaciones empíricas, de vivencias y de debates, elementos propios de su doble e inseparable condición de científico y de apasionado de la política.
Francisco Santana
viernes, 23 de diciembre de 2011
viernes, 9 de diciembre de 2011
El BCE, el ‘lobby’ de la banca
Vicenç Navarro
Catedrático de Políticas Públicas de la Universitat Pompeu Fabra
Para qué sirve un banco central? Una de las actividades que un Banco Central realiza en un país es imprimir dinero para, entre otras cosas, comprar la deuda pública de su Estado y con ello bajar los intereses que tenga que pagar su Estado para poder vender sus bonos públicos. De esta manera, cuando los mercados financieros quieren especular sobre el precio de tales bonos públicos (promoviendo en los medios de información, con ayuda de las agencias de calificación de riesgos como Standard & Poor’s, que los estados no podrán pagar los intereses de tales bonos, forzándoles a pagar unos intereses muy altos para poder vender sus bonos –lo que se llama prima de riesgo–), entonces el banco central hace funcionar sus imprentas y produce moneda con la cual comprar su deuda pública, defendiéndola frente a la especulación. Esto es lo que hace un banco central digno de su nombre. Ni que decir tiene que hay también riesgos en imprimir mucho dinero, porque, cuando hay mucha moneda, puede incrementarse la inflación. Pero la inflación en la eurozona no es un problema. Antes al contrario, es demasiado baja, dificultando el crecimiento económico, que es el mayor problema de esta comunidad monetaria.
El problema con la deuda pública de los países de la eurozona es que sus bancos centrales no pueden imprimir dinero ni tampoco pueden comprar su deuda pública. Los estados están totalmente desprotegidos. De ahí que todos (desde Grecia hasta Alemania) tienen o tendrán problemas con su deuda pública. El único banco central que puede imprimir dinero es el Banco Central Europeo (BCE). Pero el problema con este es que no actúa como un banco central, es decir, no compra los bonos públicos de los estados miembros, ni tampoco presta dinero a los estados. El famoso artículo 123 de su reglamento lo dice muy claro. El BCE no podrá comprar deuda pública de los estados. Estos no pueden hacer nada frente a la especulación de los mercados financieros.
Los que sí pueden pedir prestado dinero al BCE son los bancos privados, y lo pueden conseguir a unos intereses bajísimos, al 1,25%. En cambio, los estados tienen que pedir prestado dinero a los bancos, pagando unos intereses elevadísimos, incluso del 7%, como es el caso de Italia (en España es el 6,5%). Este arreglo es una bonanza para los bancos privados. Consiguen dinero fácilmente del BCE y con ello compran bonos públicos que les producen una rentabilidad del 6% o del 7% de lo que compran. El BCE actúa de esta manera, privilegiando a los bancos privados sobre los estados, transformándole en un lobby de la banca.
Como consecuencia de esta situación, los estados se tienen que endeudar más y más y deben mucho dinero a los bancos privados. Y ahí está la raíz del mal llamado problema de la deuda pública, que es incluso más acentuada en aquellos países como Grecia, Portugal, Irlanda, España e Italia, que habiendo estado gobernados por las derechas por la mayoría del periodo posterior a la II Guerra Mundial, tienen estados muy pobres (sus ingresos al Estado son muy bajos: España, por ejemplo, sólo representa un 34% del PIB, frente al 44% en el promedio de la UE-15 o el 52% en el caso de Suecia), resultado de unas políticas fiscales muy regresivas y de un enorme fraude fiscal (en España se calcula que alcanza unos 65.000 millones de euros).
La deuda pública de estos estados ha ido creciendo, no porque su gasto público haya ido creciendo (como los autores neoliberales erróneamente indican), sino porque han cambiado de banco. En lugar de conseguir dinero de su propio banco central, ahora tienen que pedir prestado dinero a los bancos privados. En realidad, si pudieran pedir prestado dinero al BCE a unos intereses de 1,25% (como los bancos privados), no habría ningún problema con su deuda pública. (Ver Ellen Brown, The European Central Bank withholds relief while Rome Burns). Y ahí está la raíz del problema. Se ha diseñado un sistema en la eurozona en el que los estados dependen de la banca privada para conseguir dinero. Y esta es una realidad que el lector raramente leerá en la prensa financiera o económica.
Los bancos se forran a costa del endeudamiento de los estados. Un círculo virtuoso para la banca. Pero la situación es incluso peor que la ya descrita, pues el BCE, al romper con el espíritu del famoso artículo 123, comprando deuda pública a estados como España e Italia, ha puesto como condición que los salarios y la protección social disminuyan, acentuando la necesidad de privatizar el Estado del bienestar, tanto sus transferencias públicas como las pensiones, así como los servicios públicos como la sanidad.
Estas condiciones están escritas en una carta, no conocida por el público, que el entonces gobernador del BCE, Jean-Claude Trichet, y el gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, escribieron al presidente Zapatero condicionando la compra de bonos públicos del Estado español a la toma de tales medidas por parte del Estado español.
Un tanto semejante ha ocurrido con Italia. ¿Por qué hacen tal petición en su carta? En teoría, esta reducción de los salarios y de la protección social se exige para aumentar la competitividad de la economía española y salir así de la recesión. Este es el argumento neoliberal hoy en boga. Es fácil de demostrar que este argumento carece de credibilidad. Suecia es el país con salarios más elevados y con mayor protección social, y su tasa de crecimiento económico es de un 5,6%, uno de los más elevados de la Unión Europea. La explicación real es que, por una parte, el descenso de los salarios aumenta el endeudamiento de la población (lo cual es bueno para la banca) y, por otra, la privatización de las transferencias y de los servicios del Estado del bienestar son la generalización de la deseada privatización de las pensiones públicas y la privatización de la sanidad, el sueño de la banca y de las compañías aseguradoras. Y lo están consiguiendo.
Publicado en Publico.es el 8 de diciembre de 2011
Catedrático de Políticas Públicas de la Universitat Pompeu Fabra
Para qué sirve un banco central? Una de las actividades que un Banco Central realiza en un país es imprimir dinero para, entre otras cosas, comprar la deuda pública de su Estado y con ello bajar los intereses que tenga que pagar su Estado para poder vender sus bonos públicos. De esta manera, cuando los mercados financieros quieren especular sobre el precio de tales bonos públicos (promoviendo en los medios de información, con ayuda de las agencias de calificación de riesgos como Standard & Poor’s, que los estados no podrán pagar los intereses de tales bonos, forzándoles a pagar unos intereses muy altos para poder vender sus bonos –lo que se llama prima de riesgo–), entonces el banco central hace funcionar sus imprentas y produce moneda con la cual comprar su deuda pública, defendiéndola frente a la especulación. Esto es lo que hace un banco central digno de su nombre. Ni que decir tiene que hay también riesgos en imprimir mucho dinero, porque, cuando hay mucha moneda, puede incrementarse la inflación. Pero la inflación en la eurozona no es un problema. Antes al contrario, es demasiado baja, dificultando el crecimiento económico, que es el mayor problema de esta comunidad monetaria.
El problema con la deuda pública de los países de la eurozona es que sus bancos centrales no pueden imprimir dinero ni tampoco pueden comprar su deuda pública. Los estados están totalmente desprotegidos. De ahí que todos (desde Grecia hasta Alemania) tienen o tendrán problemas con su deuda pública. El único banco central que puede imprimir dinero es el Banco Central Europeo (BCE). Pero el problema con este es que no actúa como un banco central, es decir, no compra los bonos públicos de los estados miembros, ni tampoco presta dinero a los estados. El famoso artículo 123 de su reglamento lo dice muy claro. El BCE no podrá comprar deuda pública de los estados. Estos no pueden hacer nada frente a la especulación de los mercados financieros.
Los que sí pueden pedir prestado dinero al BCE son los bancos privados, y lo pueden conseguir a unos intereses bajísimos, al 1,25%. En cambio, los estados tienen que pedir prestado dinero a los bancos, pagando unos intereses elevadísimos, incluso del 7%, como es el caso de Italia (en España es el 6,5%). Este arreglo es una bonanza para los bancos privados. Consiguen dinero fácilmente del BCE y con ello compran bonos públicos que les producen una rentabilidad del 6% o del 7% de lo que compran. El BCE actúa de esta manera, privilegiando a los bancos privados sobre los estados, transformándole en un lobby de la banca.
Como consecuencia de esta situación, los estados se tienen que endeudar más y más y deben mucho dinero a los bancos privados. Y ahí está la raíz del mal llamado problema de la deuda pública, que es incluso más acentuada en aquellos países como Grecia, Portugal, Irlanda, España e Italia, que habiendo estado gobernados por las derechas por la mayoría del periodo posterior a la II Guerra Mundial, tienen estados muy pobres (sus ingresos al Estado son muy bajos: España, por ejemplo, sólo representa un 34% del PIB, frente al 44% en el promedio de la UE-15 o el 52% en el caso de Suecia), resultado de unas políticas fiscales muy regresivas y de un enorme fraude fiscal (en España se calcula que alcanza unos 65.000 millones de euros).
La deuda pública de estos estados ha ido creciendo, no porque su gasto público haya ido creciendo (como los autores neoliberales erróneamente indican), sino porque han cambiado de banco. En lugar de conseguir dinero de su propio banco central, ahora tienen que pedir prestado dinero a los bancos privados. En realidad, si pudieran pedir prestado dinero al BCE a unos intereses de 1,25% (como los bancos privados), no habría ningún problema con su deuda pública. (Ver Ellen Brown, The European Central Bank withholds relief while Rome Burns). Y ahí está la raíz del problema. Se ha diseñado un sistema en la eurozona en el que los estados dependen de la banca privada para conseguir dinero. Y esta es una realidad que el lector raramente leerá en la prensa financiera o económica.
Los bancos se forran a costa del endeudamiento de los estados. Un círculo virtuoso para la banca. Pero la situación es incluso peor que la ya descrita, pues el BCE, al romper con el espíritu del famoso artículo 123, comprando deuda pública a estados como España e Italia, ha puesto como condición que los salarios y la protección social disminuyan, acentuando la necesidad de privatizar el Estado del bienestar, tanto sus transferencias públicas como las pensiones, así como los servicios públicos como la sanidad.
Estas condiciones están escritas en una carta, no conocida por el público, que el entonces gobernador del BCE, Jean-Claude Trichet, y el gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, escribieron al presidente Zapatero condicionando la compra de bonos públicos del Estado español a la toma de tales medidas por parte del Estado español.
Un tanto semejante ha ocurrido con Italia. ¿Por qué hacen tal petición en su carta? En teoría, esta reducción de los salarios y de la protección social se exige para aumentar la competitividad de la economía española y salir así de la recesión. Este es el argumento neoliberal hoy en boga. Es fácil de demostrar que este argumento carece de credibilidad. Suecia es el país con salarios más elevados y con mayor protección social, y su tasa de crecimiento económico es de un 5,6%, uno de los más elevados de la Unión Europea. La explicación real es que, por una parte, el descenso de los salarios aumenta el endeudamiento de la población (lo cual es bueno para la banca) y, por otra, la privatización de las transferencias y de los servicios del Estado del bienestar son la generalización de la deseada privatización de las pensiones públicas y la privatización de la sanidad, el sueño de la banca y de las compañías aseguradoras. Y lo están consiguiendo.
Publicado en Publico.es el 8 de diciembre de 2011
jueves, 24 de noviembre de 2011
La democracia desigual e incompleta y sus consecuencias económicas y políticas
Artículo publicado por Vicenç Navarro en el diario digital EL PLURAL, 21 de noviembre de 2011
Este artículo cuestiona la visión idealizada de la democracia española que presenta el comportamiento de las instituciones representativas como resultado del mandato que la ciudadanía ejerce a través del proceso electoral en el que se asume que cada ciudadano votante tiene la misma capacidad de incidencia en la gobernanza del país. Tal visión ignora que tanto el sesgo electoral que favorece a las fuerzas conservadoras, como el contexto en el que se desarrolla tal proceso, traduce la enorme influencia que las fuerzas conservadoras, así como grupos de presión dentro de ellas (tales como la banca dentro y fuera de España) ejercen en configurar las políticas de aquellas instituciones. El artículo indica que la mayor causa de la reducción de la democracia española no se debe tanto a factores externos (como la presión de los mercados financieros) sino a la distribución de poder económico-político dentro de España con un sistema democrático poco representativo. Las políticas actuales realizadas por el gobierno Zapatero así como las que desarrollará el gobierno Rajoy no corresponden a un mandato popular, puesto que el proceso electoral no refleja el mandato de la mayoría de la ciudadanía española.
Existe una visión de la democracia que la considera el sistema político que iguala a todos los ciudadanos ante las urnas en el día de las elecciones. El voto del banquero, por ejemplo, cuenta tanto como el voto del trabajador. Es un voto por cabeza. La democracia se presenta así como el sistema político que permite expresar las opiniones de cada ciudadano dándole igual peso a través del proceso electoral. Javier Pérez Royo, en su artículo “La erosión de la Igualdad” (El País. 12.11.11) subraya tal característica igualadora de la democracia española indicando que esta característica queda amenazada cuando las decisiones de los elegidos, los representantes de la ciudadanía, responden a influencias exteriores, tales como los mercados financieros, que rompen con este principio de igualdad, pues su poder es enorme y fuerza a que los representantes tengan que tomar decisiones en contra del deseo popular. Javier Pérez Royo alerta de que tales factores externos están reduciendo la democracia española a unos niveles insoportables.
Tal versión de la democracia y de sus limitaciones externas, bien resumida en el artículo de Javier Pérez Royo, está basada en unos supuestos altamente cuestionables. En primer lugar, la característica de la democracia y su sistema electoral como igualitario es fácilmente demostrable que no se corresponde con la realidad en nuestro país. En España, el voto de una persona que viva y vote en territorios tradicionalmente conservadores, tiene mucho más valor en su capacidad de influenciar el proceso de gobernanza del país que una persona que viva y vote en un territorio tradicionalmente progresista. En otras palabras, el sistema electoral tiene un sesgo muy marcado que favorece a las derechas a costa de las izquierdas. El caso más extremo es el caso de Izquierda Unida que, en las últimas elecciones al Congreso de los Diputados consiguió casi un millón de votos, y a pesar de ello, la ley electoral le permitió tener sólo dos representantes en las Cortes Españolas, un número mucho menor que otros partidos de persuasión conservadora, que obtuvieron muchos menos votos. En realidad, la suma de todos los votos a partidos de izquierda en la mayoría de elecciones legislativas a las Cortes Españolas ha sido mayor que los votos a las derechas (2.677.061 votos en 1982; 1.460.497 en 1986; 2.174.278 en 1989; 2.014.027 en 1993; 1.250.822 en 1996; 2.152.514 en 2004 y 1.486.896 en 2008), sin que ello se haya traducido en mayorías de izquierdas en las Cortes españolas, excepto en el periodo 1982-1993 (ver el artículo “Cuestionando algunos de los análisis que se han hecho sobre las elecciones del 9 de marzo del 2009”, de Vicenç Navarro, Marta Tur y Maria Freixanet, en www.vnavarro.org)
Y esto no ocurre por casualidad, pues responde a un diseño realizado en la época predemocrática, cuando la Asamblea del Movimiento Nacional puso como condición para su disolución que el proceso electoral tuviera un sesgo en contra de las izquierdas y muy en especial en contra del Partido Comunista que fue el partido clandestino que protagonizó la lucha contra la dictadura. Es cierto que este sesgo no ha impedido, como he indicado en el párrafo anterior, que un partido cuyas bases electorales son de izquierda, el PSOE, haya obtenido incluso mayorías absolutas en las Cortes. Pero el hecho es que sus propuestas reformistas, incluidas en sus programas electorales, frecuentemente no han sido realizadas debido a tener que aliarse con partidos a su derecha para conseguir la mayoría parlamentaria. El apoyo del PSOE al sistema electoral vigente que favorece el bipartidismo (y que le favorece electoralmente) ha obstaculizado, sin embargo, la aplicación de su programa, contribuyendo a la frustración y desapego de su electorado. La situación actual es un ejemplo de ello.
Las limitaciones a la democracia no son sólo externas
El segundo supuesto erróneo de la versión idealizada de nuestra democracia es asumir que los agentes limitadores de la democracia sean predominantemente externos, citándose con gran frecuencia a los mercados financieros como uno de ellos, una categoría analítica excesivamente genérica. En realidad, estamos hablando del capital financiero, centrado en la banca. Pues bien, la banca española (no extranjera) ha sido el mayor poder fáctico (mayor que la Iglesia y el Ejército) que ha condicionado con mayor frecuencia e intensidad la acción de los gobernantes en España. La evidencia científica que apoya tal observación es robusta.
La enorme influencia de la banca (aliada frecuentemente con la gran patronal) en el proceso político, incluyendo el proceso electoral (y no digamos ya en el proceso legislativo) es enorme. Tal influencia se realiza no sólo directamente, actuando sobre los políticos, sino también indirectamente, a través de los medios de información sobre los cuales ejercen también gran poder (véase mi artículo La Banca, el Fraude Fiscal y el The New York Times en www.vnavarro.org). Los mayores medios de comunicación están altamente influenciados por la banca debido a su clara dependencia económica. Y puedo hablar con autoridad. Diez días antes de que un libro Hay alternativas. Propuestas para crear empleo y bienestar social que tres economistas (Juan Torres, Alberto Garzón y yo mismo) escribimos, presentando políticas públicas alternativas a las existentes (crítico de la banca y de otras instituciones financieras y de la gran patronal) que iba a publicarse por una de las mayores casas editoriales en España, se retiró y toda la promoción desapareció debido –según la propia casa editorial- “a presiones externas a la editorial” que, aún cuando no fueron especificadas, procedían, en última instancia, de una institución financiera.
Ha sido la banca española, aliada predominantemente con la banca alemana y francesa, la mayor responsable de las burbujas inmobiliarias, y más tarde de la deuda pública, causa de la crisis en la que nos encontramos. En realidad, lo que estamos viendo hoy es como el gobierno español está aplicando las medidas que la banca española y la gran patronal han estado deseando por muchos años utilizando el argumento de que la presión de una fuerza externa –los mercados- no permite otras políticas que las que se están realizando. No hay duda de que estas políticas se exacerbarán todavía más con el gobierno de derechas que ganó las elecciones legislativas este domingo.
Tales políticas de austeridad de gasto público, incluyendo el social, con debilitamiento de la protección social, no sólo son innecesarias, sino que son contraproducentes, llevando al país a la Gran Recesión. Prueba de ello es que todos los grandes recortes de derechos sociales y laborales que han ido aprobándose en las Cortes españolas (y que se defendieron con el argumento de que eran necesarios para calmar a los mercados financieros), han sido inútiles, tal como algunos de nosotros predijimos, para recuperar la confianza de tales mercados y evitar el deterioro de la economía.
La predecible respuesta neoliberal a la crisis
La respuesta del PP y de economistas ultraliberales como Sala i Martín al hecho de que la economía española no se está recuperando, es que tales recortes de gasto público (incluyendo el social) han sido demasiado pequeños y que las reformas laborales (encaminadas a facilitar el despido de los trabajadores) no han sido suficientemente duras. Tal postura carece de credibilidad científica. Es el triunfo del dogma sobre al evidencia empírica. No es extraño que los que sostienen tal dogma, nieguen también –como hace Sala i Martín- que haya un cambio climático resultado de decisiones y actividades que podrían haberse evitado o revertido. El consejo de tal economista al futuro gobierno de Rajoy es que hay que gobernar con mano dura “aplicando recortes dolorosos que crearán malestar social…ignorando el nuevo radicalismo del PSOE… y las posturas demagógicas populistas de los indignados” (La Vanguardia. 17.11.11). El dogma neoliberal y los recortes que propone, en el país que tiene ya el gasto público (incluyendo el social) más bajo y el Estado del Bienestar menos desarrollado de la UE-15, no nos llevará a recuperarnos. Antes al contrario. Y creará un número todavía mayor de movilizaciones de protesta.
El problema está dentro, no sólo fuera de España
La enorme indignación que estas políticas han generado debe canalizarse, sin embargo, hacia el interior, y no sólo o predominantemente al exterior. El mayor problema lo tenemos dentro, no fuera del país. Por cada recorte que se está imponiendo a la población, existe una alternativa que ni se consideró y que habría afectado a los intereses de los sectores pudientes de la población en lugar de los sectores populares. En lugar de congelar las pensiones, que permitió un ahorro de 1.500 millones de euros se podría haber anulado las rebajas fiscales –aprobadas por los partidos PSOE y PP- a las grandes empresas que facturan más de 150 millones de euros (y que son sólo el 0,12% de todas las empresas) con lo que se podrían haber obtenido 5.300 millones, cantidad muy superior a la obtenida con la medida anterior.
El hecho de que sistemáticamente las políticas públicas que se aplican favorecen sistemáticamente a aquellos grupos minoritarios que derivan sus rentas predominantemente del capital, a costa de las rentas del trabajo (de donde derivan sus ingresos las clases populares) tiene que ver más con los factores internos (las relaciones de poder de clase dentro del país) que externos, sin negar la existencia de los últimos. Hay una alianza de intereses financieros a nivel europeo e internacional que explica que el diseño de las instituciones de la Eurozona favorezcan sistemáticamente a las élites financieras de cada país, que controlan en realidad el Banco Central Europeo, que no es un banco central sino un enorme lobby de la banca y, muy en especial, de la banca alemana.
La crisis de la deuda pública española tiene muy poco que ver con el tamaño de la deuda pública o con el tamaño del déficit (Italia tiene un déficit del Estado de sólo un 4% del PIB y la deuda pública española es menor que el promedio de la UE-15). La causa de sus problemas es la falta de herramientas por parte de Estado español (tales como impresión de moneda y compra de deuda pública) que le permitiera defenderse frente a los ataques especulativos de los mercados financieros. Como bien ha descrito y documentado Jeff Faux, fundador del conocido instituto de investigación económica internacional, The Economic Policy Institute en su libro The World Class War, existe una alianza de las élites dominantes (o de lo que los indignados estadounidenses definen como el 1% en cada país) a nivel internacional que dominan las instituciones internacionales (incluyendo el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional) que apoyan medidas que favorecen los intereses de tales minorías en cada país.
No es, pues, la desaparición de los Estados, sino el reforzamiento del conflicto dentro de cada país, entre una minoría muy poderosa, por un lado, y las clases populares por el otro, con el apoyo de las primeras por parte de estos organismos internacionales, como el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional.
De ahí la enorme urgencia de informar a la población de que hay alternativas que favorecen a las últimas en lugar de a las primeras, rompiendo con el determinismo imperante de que las que se están imponiendo son las únicas posibles. Y una alternativa urgente y necesaria es democratizar el sistema electoral español para que las Cortes españolas defiendan los intereses de la mayoría de la población, lo cual no ha estado haciendo, resultado de la enorme desigualdad existente en la democracia española, causa del enorme desprestigio de la clase política del país.
Este artículo cuestiona la visión idealizada de la democracia española que presenta el comportamiento de las instituciones representativas como resultado del mandato que la ciudadanía ejerce a través del proceso electoral en el que se asume que cada ciudadano votante tiene la misma capacidad de incidencia en la gobernanza del país. Tal visión ignora que tanto el sesgo electoral que favorece a las fuerzas conservadoras, como el contexto en el que se desarrolla tal proceso, traduce la enorme influencia que las fuerzas conservadoras, así como grupos de presión dentro de ellas (tales como la banca dentro y fuera de España) ejercen en configurar las políticas de aquellas instituciones. El artículo indica que la mayor causa de la reducción de la democracia española no se debe tanto a factores externos (como la presión de los mercados financieros) sino a la distribución de poder económico-político dentro de España con un sistema democrático poco representativo. Las políticas actuales realizadas por el gobierno Zapatero así como las que desarrollará el gobierno Rajoy no corresponden a un mandato popular, puesto que el proceso electoral no refleja el mandato de la mayoría de la ciudadanía española.
Existe una visión de la democracia que la considera el sistema político que iguala a todos los ciudadanos ante las urnas en el día de las elecciones. El voto del banquero, por ejemplo, cuenta tanto como el voto del trabajador. Es un voto por cabeza. La democracia se presenta así como el sistema político que permite expresar las opiniones de cada ciudadano dándole igual peso a través del proceso electoral. Javier Pérez Royo, en su artículo “La erosión de la Igualdad” (El País. 12.11.11) subraya tal característica igualadora de la democracia española indicando que esta característica queda amenazada cuando las decisiones de los elegidos, los representantes de la ciudadanía, responden a influencias exteriores, tales como los mercados financieros, que rompen con este principio de igualdad, pues su poder es enorme y fuerza a que los representantes tengan que tomar decisiones en contra del deseo popular. Javier Pérez Royo alerta de que tales factores externos están reduciendo la democracia española a unos niveles insoportables.
Tal versión de la democracia y de sus limitaciones externas, bien resumida en el artículo de Javier Pérez Royo, está basada en unos supuestos altamente cuestionables. En primer lugar, la característica de la democracia y su sistema electoral como igualitario es fácilmente demostrable que no se corresponde con la realidad en nuestro país. En España, el voto de una persona que viva y vote en territorios tradicionalmente conservadores, tiene mucho más valor en su capacidad de influenciar el proceso de gobernanza del país que una persona que viva y vote en un territorio tradicionalmente progresista. En otras palabras, el sistema electoral tiene un sesgo muy marcado que favorece a las derechas a costa de las izquierdas. El caso más extremo es el caso de Izquierda Unida que, en las últimas elecciones al Congreso de los Diputados consiguió casi un millón de votos, y a pesar de ello, la ley electoral le permitió tener sólo dos representantes en las Cortes Españolas, un número mucho menor que otros partidos de persuasión conservadora, que obtuvieron muchos menos votos. En realidad, la suma de todos los votos a partidos de izquierda en la mayoría de elecciones legislativas a las Cortes Españolas ha sido mayor que los votos a las derechas (2.677.061 votos en 1982; 1.460.497 en 1986; 2.174.278 en 1989; 2.014.027 en 1993; 1.250.822 en 1996; 2.152.514 en 2004 y 1.486.896 en 2008), sin que ello se haya traducido en mayorías de izquierdas en las Cortes españolas, excepto en el periodo 1982-1993 (ver el artículo “Cuestionando algunos de los análisis que se han hecho sobre las elecciones del 9 de marzo del 2009”, de Vicenç Navarro, Marta Tur y Maria Freixanet, en www.vnavarro.org)
Y esto no ocurre por casualidad, pues responde a un diseño realizado en la época predemocrática, cuando la Asamblea del Movimiento Nacional puso como condición para su disolución que el proceso electoral tuviera un sesgo en contra de las izquierdas y muy en especial en contra del Partido Comunista que fue el partido clandestino que protagonizó la lucha contra la dictadura. Es cierto que este sesgo no ha impedido, como he indicado en el párrafo anterior, que un partido cuyas bases electorales son de izquierda, el PSOE, haya obtenido incluso mayorías absolutas en las Cortes. Pero el hecho es que sus propuestas reformistas, incluidas en sus programas electorales, frecuentemente no han sido realizadas debido a tener que aliarse con partidos a su derecha para conseguir la mayoría parlamentaria. El apoyo del PSOE al sistema electoral vigente que favorece el bipartidismo (y que le favorece electoralmente) ha obstaculizado, sin embargo, la aplicación de su programa, contribuyendo a la frustración y desapego de su electorado. La situación actual es un ejemplo de ello.
Las limitaciones a la democracia no son sólo externas
El segundo supuesto erróneo de la versión idealizada de nuestra democracia es asumir que los agentes limitadores de la democracia sean predominantemente externos, citándose con gran frecuencia a los mercados financieros como uno de ellos, una categoría analítica excesivamente genérica. En realidad, estamos hablando del capital financiero, centrado en la banca. Pues bien, la banca española (no extranjera) ha sido el mayor poder fáctico (mayor que la Iglesia y el Ejército) que ha condicionado con mayor frecuencia e intensidad la acción de los gobernantes en España. La evidencia científica que apoya tal observación es robusta.
La enorme influencia de la banca (aliada frecuentemente con la gran patronal) en el proceso político, incluyendo el proceso electoral (y no digamos ya en el proceso legislativo) es enorme. Tal influencia se realiza no sólo directamente, actuando sobre los políticos, sino también indirectamente, a través de los medios de información sobre los cuales ejercen también gran poder (véase mi artículo La Banca, el Fraude Fiscal y el The New York Times en www.vnavarro.org). Los mayores medios de comunicación están altamente influenciados por la banca debido a su clara dependencia económica. Y puedo hablar con autoridad. Diez días antes de que un libro Hay alternativas. Propuestas para crear empleo y bienestar social que tres economistas (Juan Torres, Alberto Garzón y yo mismo) escribimos, presentando políticas públicas alternativas a las existentes (crítico de la banca y de otras instituciones financieras y de la gran patronal) que iba a publicarse por una de las mayores casas editoriales en España, se retiró y toda la promoción desapareció debido –según la propia casa editorial- “a presiones externas a la editorial” que, aún cuando no fueron especificadas, procedían, en última instancia, de una institución financiera.
Ha sido la banca española, aliada predominantemente con la banca alemana y francesa, la mayor responsable de las burbujas inmobiliarias, y más tarde de la deuda pública, causa de la crisis en la que nos encontramos. En realidad, lo que estamos viendo hoy es como el gobierno español está aplicando las medidas que la banca española y la gran patronal han estado deseando por muchos años utilizando el argumento de que la presión de una fuerza externa –los mercados- no permite otras políticas que las que se están realizando. No hay duda de que estas políticas se exacerbarán todavía más con el gobierno de derechas que ganó las elecciones legislativas este domingo.
Tales políticas de austeridad de gasto público, incluyendo el social, con debilitamiento de la protección social, no sólo son innecesarias, sino que son contraproducentes, llevando al país a la Gran Recesión. Prueba de ello es que todos los grandes recortes de derechos sociales y laborales que han ido aprobándose en las Cortes españolas (y que se defendieron con el argumento de que eran necesarios para calmar a los mercados financieros), han sido inútiles, tal como algunos de nosotros predijimos, para recuperar la confianza de tales mercados y evitar el deterioro de la economía.
La predecible respuesta neoliberal a la crisis
La respuesta del PP y de economistas ultraliberales como Sala i Martín al hecho de que la economía española no se está recuperando, es que tales recortes de gasto público (incluyendo el social) han sido demasiado pequeños y que las reformas laborales (encaminadas a facilitar el despido de los trabajadores) no han sido suficientemente duras. Tal postura carece de credibilidad científica. Es el triunfo del dogma sobre al evidencia empírica. No es extraño que los que sostienen tal dogma, nieguen también –como hace Sala i Martín- que haya un cambio climático resultado de decisiones y actividades que podrían haberse evitado o revertido. El consejo de tal economista al futuro gobierno de Rajoy es que hay que gobernar con mano dura “aplicando recortes dolorosos que crearán malestar social…ignorando el nuevo radicalismo del PSOE… y las posturas demagógicas populistas de los indignados” (La Vanguardia. 17.11.11). El dogma neoliberal y los recortes que propone, en el país que tiene ya el gasto público (incluyendo el social) más bajo y el Estado del Bienestar menos desarrollado de la UE-15, no nos llevará a recuperarnos. Antes al contrario. Y creará un número todavía mayor de movilizaciones de protesta.
El problema está dentro, no sólo fuera de España
La enorme indignación que estas políticas han generado debe canalizarse, sin embargo, hacia el interior, y no sólo o predominantemente al exterior. El mayor problema lo tenemos dentro, no fuera del país. Por cada recorte que se está imponiendo a la población, existe una alternativa que ni se consideró y que habría afectado a los intereses de los sectores pudientes de la población en lugar de los sectores populares. En lugar de congelar las pensiones, que permitió un ahorro de 1.500 millones de euros se podría haber anulado las rebajas fiscales –aprobadas por los partidos PSOE y PP- a las grandes empresas que facturan más de 150 millones de euros (y que son sólo el 0,12% de todas las empresas) con lo que se podrían haber obtenido 5.300 millones, cantidad muy superior a la obtenida con la medida anterior.
El hecho de que sistemáticamente las políticas públicas que se aplican favorecen sistemáticamente a aquellos grupos minoritarios que derivan sus rentas predominantemente del capital, a costa de las rentas del trabajo (de donde derivan sus ingresos las clases populares) tiene que ver más con los factores internos (las relaciones de poder de clase dentro del país) que externos, sin negar la existencia de los últimos. Hay una alianza de intereses financieros a nivel europeo e internacional que explica que el diseño de las instituciones de la Eurozona favorezcan sistemáticamente a las élites financieras de cada país, que controlan en realidad el Banco Central Europeo, que no es un banco central sino un enorme lobby de la banca y, muy en especial, de la banca alemana.
La crisis de la deuda pública española tiene muy poco que ver con el tamaño de la deuda pública o con el tamaño del déficit (Italia tiene un déficit del Estado de sólo un 4% del PIB y la deuda pública española es menor que el promedio de la UE-15). La causa de sus problemas es la falta de herramientas por parte de Estado español (tales como impresión de moneda y compra de deuda pública) que le permitiera defenderse frente a los ataques especulativos de los mercados financieros. Como bien ha descrito y documentado Jeff Faux, fundador del conocido instituto de investigación económica internacional, The Economic Policy Institute en su libro The World Class War, existe una alianza de las élites dominantes (o de lo que los indignados estadounidenses definen como el 1% en cada país) a nivel internacional que dominan las instituciones internacionales (incluyendo el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional) que apoyan medidas que favorecen los intereses de tales minorías en cada país.
No es, pues, la desaparición de los Estados, sino el reforzamiento del conflicto dentro de cada país, entre una minoría muy poderosa, por un lado, y las clases populares por el otro, con el apoyo de las primeras por parte de estos organismos internacionales, como el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional.
De ahí la enorme urgencia de informar a la población de que hay alternativas que favorecen a las últimas en lugar de a las primeras, rompiendo con el determinismo imperante de que las que se están imponiendo son las únicas posibles. Y una alternativa urgente y necesaria es democratizar el sistema electoral español para que las Cortes españolas defiendan los intereses de la mayoría de la población, lo cual no ha estado haciendo, resultado de la enorme desigualdad existente en la democracia española, causa del enorme desprestigio de la clase política del país.
martes, 8 de noviembre de 2011
¿Es legal el debate entre PP y PSOE?
Santiago Hernández León
Una vez más hemos tenido debate entre los dos partidos que a priori tienen más posibilidades de ganar las elecciones. La ciudadanía lo esperaba con ansiedad, la gente tiene sed de debate y éste se mira como algo positivo. Sin embargo, no parece claro que sea un procedimiento legal, o al menos, transparente. Si el criterio se basa en seleccionar aquellos partidos que obtuvieron más votos en las pasadas elecciones quizás se pueda justificar, pero el concepto de elecciones en democracia es, o debe ser, borrón y cuenta nueva. Puede ocurrir, y a veces pasa, que una parte del electorado cambie su opinión y en vez de votar por el partido A ó B se deciden por el C. En este caso, los más votados serán por ejemplo B y C. ¿Es justo que se le haya dado una oportunidad propagandística de oro al partido A? Parece que no. ¿Se ha perjudicado seriamente a C? La respuesta es evidente.
En democracia, todos los partidos de ámbito nacional, aquellos que se presentan a un número de circunscripciones suficiente como para poder gobernar (deberían ser todos pero ese es otro tema), deben entrar en el debate. Es lo justo pues de otra forma estamos no solo fomentando el bipartidismo sino favoreciendo que el bipartidismo siempre tenga los mismos colores. Sin duda, esta estrategia es parte de esa opereta de la democracia parlamentaria en la que vivimos. Prácticamente anula la posibilidad de que un tercer partido entre en la competencia por el liderazgo.
Lo verdaderamente democrático es que el sistema de votaciones sea a dos vueltas (en una se vota en conciencia, en la otra se hace voto útil). Solo en este caso sería legal un debate con las dos formaciones más votadas en la primera vuelta. Querer hacer un debate en nuestro sistema electoral es un claro fraude y, sin duda, una forma por la cual los dos partidos mayoritarios reconocen que no creen en la democracia, solo les interesa el poder a toda costa, aún saltándose la decencia.
Un claro ejemplo de lo que digo es que desde siempre han pactado no hablar de los temas que les desacreditan y que podría hacer que el partido C pueda prosperar. No hablar de la corrupción en un debate de este tipo es tomarnos por idiotas. Es el máximo nivel de conchupancia. Se echan los trastos a la cabeza en la campaña electoral, debaten duramente (a veces), pero están de acuerdo en lo fundamental (el poder y el dinero). Nadie más debe entrar en ese juego. Y la gente tan tranquila y ansiosa.
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