Democracia para idiotas

miércoles, 6 de marzo de 2013

Patria y democracia: las razones del fascismo

Augusto Klappenbach

Filósofo

01 mar 2013

El general de división en la reserva Juan Antonio Chicharro proclamó en un discurso pronunciado en el club de la Gran Peña la siguiente soflama: “El patriotismo es un sentimiento y la Constitución no es más que una ley”. El general tiene razón. Es evidente que el patriotismo es de naturaleza emotiva y que la Constitución, por el contrario, se limita a formular un marco jurídico que establece los principios a los que debe ajustarse la legislación vigente. Lo perverso de su proclama consiste en la conclusión que saca de esa verdad: “La patria es anterior y más importante que la democracia”. Es decir, si lo entiendo bien, que un sentimiento se permite situarse por encima de la ley. Si extrapolamos las consecuencias de esta afirmación, habría que suponer que sentimientos tales como la ira o la pasión erótica gozan de mayor dignidad que las leyes que los regulan. Una idea que cuenta con antecedentes históricos, como la famosa frase de Cánovas del Castillo. “con la patria se está, con razón o sin ella”.

Esta exaltación de los sentimientos constituye la raíz ideológica del fascismo. La mentalidad fascista se basa en la exaltación emotiva de conceptos como la patria, el honor, el pueblo, la religión etc., exaltación que se traslada a la persona del líder, indispensable para coronar su doctrina. Frente a estos valores absolutos, las leyes cumplen un papel subsidiario en la medida en que encarnan acuerdos racionales y por lo tanto carentes de esa supuesta grandeza de que gozan sus ideas fundacionales. Los supuestos de la ideología fascista prefieren siempre valores irracionales, emociones ciegas que permiten un manejo discrecional de la conducta, sin otros límites que aquellos que imponga un líder que no está sujeto a los fastidiosos límites de la ley.

Esas emociones del fascismo siempre tienen un carácter abstracto. La idea fascista de patriotismo, por ejemplo, no se refiere a los legítimos sentimientos que provoca nuestra vinculación al lugar en que hemos nacido, al recuerdo de nuestra infancia, a los familiares y amigos que viven en ella, sino que constituye una idea hipostasiada, una realidad que cobra vida propia y que es capaz de exigir el sacrificio de las personas reales que la habitan. Lo mismo sucede con conceptos como el de pueblo, que ha sido despojado de su carácter concreto, de las diferencias que incluye y de la variedad de quienes lo integran, para convertirse en una masa indiferenciada a la que se atribuye una “unidad de destino” fabricada a medida de los intereses del líder que encarna su doctrina.

Por eso el fascismo abomina de la universalidad y de la racionalidad para refugiarse en un concepto de patria construido a la medida de aquello que puede abarcar su voluntad de dominio. El racismo, el machismo, la xenofobia no son accidentes sino elementos constitutivos de la ideología fascista. Pertenece a su esencia el desprecio de la razón, única “facultad de lo universal” de que gozamos los humanos y única garantía de que somos capaces de respetar nuestras diferencias sin someterlas a una violenta nivelación. Cuando los viejos griegos inventaron el logos descubrieron un instrumento mediante el cual los hombres eran capaces de compartir un terreno común más allá de sus diferencias empíricas o emotivas. La primacía de la ley constituye la única garantía de que seres humanos muy diversos puedan convivir en paz, en la medida en que renuncian a convertir sus propios sentimientos en criterios universales.

Al general Chicharro se le podrán atribuir muchos defectos menos el de incoherencia. Su discurso refleja fielmente los dogmas de la doctrina fascista: la unidad de España, tal como ellos la entienden, está por encima de todos los españoles de carne y hueso. Y, por supuesto, de sus leyes.

Nota del bloguero: Dedicado a mis amigos nacionalistas, para ver si maduran.

jueves, 28 de febrero de 2013

Las causas reales de los recortes

Vicenç Navarro

Catedrático de Políticas Públicas. Universidad Pompeu Fabra, y Profesor de Public Policy. The Johns Hopkins University.

Publicado en Público ( 28 feb 2013)

Uno de los argumentos que se dan con mayor insistencia para justificar las políticas públicas de recortes de gasto público, incluyendo gasto público social, es que los Estados se están gastando mucho más de lo que pueden hacerlo. Desde esta postura se argumenta que los gastos en pensiones, en sanidad, en educación, en servicios sociales, en escuelas de infancia y una larga lista de transferencias y políticas públicas del Estado del Bienestar han alcanzado dimensiones que no son sostenibles para las arcas del Estado, sean éstas del gobierno central o de las Comunidades Autónomas (CCAA). De acuerdo con tal teoría, el gobierno español ha tomado la decisión de recortar nada menos que 39.000 millones de euros en 2013 que van a afectar muy negativamente a los componentes citados del Estado del Bienestar de España y de sus Comunidades Autónomas, incluyendo Catalunya. Los recortes impuestos por el gobierno central a las CCAA -que son las que gestionan la mayoría de los servicios públicos de tal Estado del Bienestar- representan un ataque frontal (y no hay otra manera de describirlo) a estos servicios públicos, que ya están entre los menos financiados de la UE-15, el grupo de países de nivel de desarrollo semejante al español, incluyendo el catalán. El gasto social (predominantemente público) por habitante en España y en Catalunya está entre los más bajos en tal comunidad. La media de la UE-17 (que es la UE-15 más Eslovaquia y Estonia) fue de 8.030 unidades de poder de compra en 2010, mientras que en España fue de 6.284 y en Catalunya de 6.563. Es decir, que tanto España en su conjunto como Catalunya gastan en protección social aproximadamente una quinta parte menos de lo que gastan los países con semejante nivel de desarrollo.

El argumento de que nos hemos estado gastando más de lo que podemos gastarnos carece pues de credibilidad científica. Mientras que el nivel de riqueza de España y Catalunya fue el 91% y el 110% del PIB del promedio de la UE-15 respectivamente, el gasto social por habitante fue sólo del 78% y del 82% del promedio de tal comunidad incluyendo también Estonia y Eslovaquia. Tanto España como Catalunya son lo suficientemente ricas como para gastar muchos más recursos de los que gastan en su Estado del Bienestar. Lo que ocurre es que el Estado no los recoge. Los ingresos al Estado y a la Generalitat de Catalunya son más bajos de lo que les correspondería por el nivel de riqueza que tales países tienen. Mírese como se mire, el hecho es que los recortes no pueden justificarse porque nos gastemos demasiado.

La causa de tales recortes hay que buscarla en otro lugar. Y éste es, precisamente, en el enorme poder que las entidades financieras tienen, tanto en Catalunya y en España, como en la Eurozona, donde recae la responsabilidad por tales recortes. Veamos los datos. A la vez que el gobierno español quiere recortar 39.000 millones de euros, el mismo gobierno tiene pensado gastarse 38.589 millones de euros sólo en pagar los intereses de la deuda pública, intereses que han sido artificialmente elevados como resultado del diseño del sistema financiero de la Eurozona. Si el Banco Central Europeo (BCE), y antes el Banco de España, hubieran prestado desde 1989 al Estado español dinero a los mismos intereses a los que el BCE lo ha prestado a la banca privada, la deuda pública española sería hoy un 14% del PIB, en lugar del 90%. El Banco Central Europeo no es un Banco Central sino un enorme lobby de los intereses financieros. De ahí que preste dinero a un 1% a la banca privada y que sea ésta la que con este dinero compre bonos del Estado español a unos intereses del 6% y del 7%. Un negocio redondo y que la población paga a base de recortes y recortes del gasto público, incluyendo el social. Ésta es la razón de que haya tantos recortes. Y todo un tinglado ideológico se ha construido y promovido por los medios de mayor difusión a fin de justificar tal realidad. Así de claro.

viernes, 15 de febrero de 2013

La banca, el fraude fiscal y el New York Times

Vicenç Navarro

Catedrático de Políticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra y
Profesor de Public Policy en The Johns Hopkins University

El New York Times ha ido publicando una serie de artículos sobre Emilio Botín, presentado por tal rotativo como el banquero más influyente de España, y Presidente del Banco de Santander, que tienen inversiones financieras de gran peso en Brasil, en Gran Bretaña y en Estados Unidos,además de en España. En EE..UU. el Banco de Santander es propietario de Sovereign Bank.

Lo que le interesa al rotativo estadounidense no es, sin embargo, el comportamiento bancario del Santander, sino el de su Presidente y el de su familia, así como su enorme influencia política y mediática en España. Un indicador de esto último es que ninguno de los cinco rotativos más importantes del país ha citado o hecho comentarios sobre esta serie de artículos en el diario más influyente de EE.UU. y uno de los más influyentes del mundo.

Una discusión importante de tales artículos es el ocultamiento por parte de Emilio Botín y de su familia de unas cuentas secretas establecidas desde la Guerra Civil en la banca suiza HSBC. Por lo visto, en las cuentas de tal banco había 2.000 millones de euros que nunca se habían declarado a las autoridades tributarias del Estado español. Pero, un empleado de tal banco suizo, despechado por el maltrato recibido por tal banco, decidió publicar los nombres de las personas que depositaban su dinero en dicha banca suiza, sin nunca declararlo en sus propios países. Entre ellos había nada menos que 569 españoles, incluyendo a Emilio Botín y su familia, con grandes nombres de la vida política y empresarial: José María Aznar; Dolores Cospedal; Rodrigo Rato; Narcís Serra; Eduardo Zaplana; Miguel Boyer; José Folgado; Carlos Solchaga; Josep Piqué; Rafael Arias-Salgado; Pío Cabanillas; Isabel Tocino; Jordi Sevilla; Josu Jon Imaz; José María Michavila; Juan Miguel Villar Mir; Anna Birulés; Abel Matutes; Julián García Vargas; Ángel Acebes; Eduardo Serra; Marcelino Oreja...).

Según el New York Times, esta práctica es muy común entre las grandes familias, las grandes empresas y la gran banca. El fraude fiscal en estos sectores es enorme. Según la propia Agencia Tributaria española, el 74% del fraude fiscal se centra en estos grupos, con un total de 44.000 millones de euros que el Estado español (incluido el central y los autonómicos) no ingresa. Esta cantidad, por cierto, casi alcanza la cifra del déficit de gasto público social de España respecto la media de la UE-15 (66.000 millones de euros), es decir, el gasto que España debería gastarse en su Estado del Bienestar (sanidad, educación, escuelas de infancia, servicios a personas con dependencia, y otros) por el nivel de desarrollo económico que tiene y que no se gasta porque el Estado no recoge tales fondos. Y una de las causas de que no se recojan es precisamente el fraude fiscal realizado por estos colectivos citados en el New York Times. El resultado de su influencia es que el Estado no se atreve a recogerlos. En realidad, la gran mayoría de investigaciones de fraude fiscal de la Agencia Tributaria se centra en los autónomos y profesionales liberales, cuyo fraude fiscal representa -según los técnicos de la Agencia Tributaria del Estado español- sólo el 8% del fraude fiscal total. Es también conocida la intervención de autoridades públicas para proteger al Sr. Emilio Botín de las pesquisas de la propia Agencia Tributaria.

El caso más conocido es la gestión realizada por la exVicepresidenta del Gobierno español, la Sra. De la Vega, para interrumpir una de tales investigaciones. Pero el Sr. Botín no es el único. Como señala el New York Times, hace dos años, César Alierta, presidente de Telefónica, que estaba siendo investigado, dejó de estarlo. Como escribe el New York Times con cierta ironía, "el Tribunal desistió de continuar estudiando el caso porque, según el juez, ya había pasado demasiado tiempo entre el momento de los hechos y su presentación al tribunal". Una medida que juega a favor de los fraudulentos es la ineficacia del Estado así como su temor a realizar la investigación. Fue nada menos que el Presidente del Gobierno español, el Sr. José Mª Aznar, que en un momento de franqueza admitió que "los ricos no pagan impuestos en España". Tal tolerancia por parte del Estado con el fraude fiscal de los súperricos se justifica con el argumento de que, aún cuando no pagan impuestos, las consecuencias de ello son limitadas porque son pocos. El fraude alcanza niveles de frivolidad.

Se Ignora la enorme concentración de las rentas y de la propiedad existente en España, uno de los países donde las desigualdades sociales son mayores y el impacto redistributivo del Estado es menor. Los 44.000 millones de euros al año que no se recaudan de los súper ricos por parte del Estado hubieran evitado los enormes recortes de gasto público social que el Estado español está hoy realizando.

Pero otra observación que hace el New York Times sobre el fraude fiscal y la banca es el silencio que existe en los medios de información sobre tal fraude fiscal. Tal rotativo cita a Salvador Arancibia, un periodista de temas financieros en Madrid, que trabajó para el Banco Santander, que señala como causas de este silencio el hecho de que el Banco Santander gasta mucho dinero en anuncios comerciales, siendo la banca uno de los sectores más importantes en la financiación de los medios, no sólo comprando espacio de anuncios comerciales, sino también proveyendo créditos -aclara el Sr. Salvador Arancibia- "...medidas de enorme importancia en un momento como el actual, donde los medios están en una situación financiera muy delicada". De ahí que tenga que agradecer al diario que se atreva a publicarlo, porque hoy, artículos como los que publica el New York Times y el mío propio, no tienen fácil publicación en nuestro país. Es lo que llaman "libertad de prensa".

domingo, 10 de febrero de 2013

En España la corrupción es legal

Jaume Grau

1 de febrero de 2013

El problema de la corrupción en España no se encuentra en la financiación ilegal de los partidos políticos, ni en los sobresueldos que han salido a la luz gracias al affaire de Barcenas, ni en los negocios más o menos oportunistas y fraudulentos que puedan hacer algunos miembros de la familia real. Todos estos casos que tienen responsables con nombres y apellidos son los granitos que supuran pus y que aparecen como síntoma de la enfermedad, pero no son la enfermedad en si. La enfermedad, la corrupción, actúa a otro nivel, a un nivel no detectable por la justicia, actúa de forma legal y aparentemente sin mácula.
El problema de la corrupción en España se encuentra en la connivencia entre una clase económica y empresarial muy poderosa pero poco competitiva y una parte muy importante de nuestra clase política que en algunos casos actúa de buena fe, aparentemente para salvaguardar los intereses económicos de España. Salvando honrosas excepciones que las hay, el empresariado de este país no tiene más remedio que medrar a costa del estado para sobrevivir, porqué es incapaz de ganar en competividad y en justa lid con empresas de otros países, dentro y fuera de nuestras fronteras. Por eso necesita al estado, por eso necesita políticos fácilmente corruptibles, porque es más fácil saber a qué puerta hay que llamar para llevarse un concurso que preparar un proyecto sólido que lo gane en competencia y sin ningún género de dudas.

Hay un dato sólido que viene a apoyar esta apreciación: España es el estado que más sanciones acumula de la UE por causas diversas, que van de las ayudas ilegales a empresas (el reciente caso Magefesa), a falta de control de las autoridades en diversas actividades económicas (véase el caso de las plantaciones de viña en Castilla la Mancha y Extremadura), o en adjudicaciones de concursos no ajustadas a la ley. El tribunal de la UE ha sancionado esta semana a España a pagar 33 millones de euros por las adjudicaciones fraudulentas de diversos tramos del AVE que va de Madrid a Barcelona.

Esto es corrupción: concursos amañados de antemano, sobrecostes en las obras adjudicadas, atribución de plazas a dedo, recalificación de terrenos, favoritismo electoralista en las inversiones, precios pactados al alza en distintos servicios, trato de favor fiscal , condonación de créditos, favoritismo en la publicidad institucional en medios de comunicación, la lista es interminable y afecta a casi todos los niveles de la producción. Todos estos procesos se realizan en la más estricta legalidad, pero son prácticas corruptas, y de estas prácticas surgen los especímenes oportunistas que intentan sacar provecho propio, o los partidos que intentan sufragar sus gastos como pago a sus favores.
La corrupción, pues, actúa de forma legal, es una enfermedad crónica, una práctica que pocos cuestionan, y que alarma y horroriza a la sociedad cuando vemos que síntomas producen, sean políticos que se enriquecen, sean partidos que se financian. La corrupción es una enfermedad, con una horrible patología, pero es de ley. En España la corrupción es un asunto de estado, un asunto legal.

sábado, 8 de diciembre de 2012

El ‘expolio’ social del que no se habla

Vicenç Navarro

Catedrático de Políticas Públicas. Universidad Pompeu Fabra, y Profesor de Public Policy. The Johns Hopkins University.

Publicado en el periódico digital "Público" el 6 de diciembre de 2012.

Un argumento utilizado por los independentistas catalanes para defender la tesis de que Catalunya tendría más recursos si se independizara de España es que España está “expoliando” a Catalunya. No voy a entrar en este artículo en este tema, sobre el cual he escrito extensamente en varios artículos mostrando que el escaso desarrollo social de Catalunya no se debe al supuesto expolio nacional sino al enorme poder que las derechas catalanas y españolas han tenido y continúan teniendo a los dos lados del Ebro, situación responsable del subdesarrollo social de Catalunya y de otras partes de España, como documento en mi libro El Subdesarrollo social de España. Causas y Consecuencias, Anagrama. 2006. En este artículo quiero centrarme en la existencia de un expolio del cual ni los nacionalistas de los dos lados del Ebro ni nadie más están hoy hablando, ni en Catalunya ni en España. Es el expolio de una minoría -lo que solía llamarse la burguesía financiera e industrial- al resto de la población, y que está ocurriendo a lo largo de todo el territorio español, incluyendo Catalunya. Tal minoría no está contribuyendo al Estado (tanto central como autonómico) lo que contribuyen todos los demás. Si pagara al Estado lo que pagan todos los demás, la cifra resultante para toda España sería de más de 30.000 millones de euros al año, con lo cual podríamos haber evitado hacer todos los recortes de gasto público y social que están dañando de una manera muy acentuada el bienestar y calidad de vida de la mayoría de la población en general y de las clases populares en particular, tanto en Catalunya como en el resto de España. (Ver el informe del Observatorio Social de España, El impacto de la crisis en las familias y en la infancia. Ariel. 2012).

Para entender la naturaleza de este expolio, hay que entender cuáles son las fuentes de ingreso más importantes al Estado que incluye, como he señalado en el párrafo anterior, no sólo el Estado central, sino los Estados autonómicos. Pues bien, cuatro son las fuentes más importantes: una son los ingresos derivados de los impuestos sobre las rentas, primordialmente del trabajo, o IRPF (que es un impuesto que paga la mayoría de la población trabajadora); la otra fuente son los impuestos sobre el capital que afectan a un grupo muy minoritario de la población (predominantemente los burgueses y los grandes empresarios); la tercera fuente son los impuestos sobre el consumo, IVA, que toda la población, independientemente de sus ingresos, paga cuando compra algo, y que es sumamente regresivo; una cuarta fuente son los impuestos especiales que, como su nombre indica, son impuestos para fines concretos; y, finalmente, otra categoría que se define como “otros impuestos”.

Pues bien, según el excelente informe de la Fundación 1º de Mayo de Comisiones Obreras (uno de los centros de estudios más rigurosos que publica periódicamente informes que cuestionan la credibilidad del conocimiento producido por los centros de estudios financiados por la Banca y la Gran Patronal, como FEDEA), escrito por el economista Manuel Lago (y del cual extraigo la mayoría de los datos que presento en este artículo), los ingresos derivados del IRPF en España, desde el último año antes de que se iniciara la crisis, 2006, hasta el año 2011, crecieron un 6%, pasando el Estado de ingresar 64.638 millones de euros a 68.557 millones. Los fondos públicos procedentes del impuesto sobre el consumo bajaron sólo ligeramente (-2%), pasando de 52.817 millones de euros a 51.580 millones. Los fondos que el Estado recogía vía los impuestos especiales crecieron muy poco (2%), pasando de 18.699 millones de euros a 19.025 millones, y la categoría de “otros impuestos” subió más (5%), pasando de 5.696 millones de euros a 5.971 millones. Estos fondos procedentes de tales impuestos derivan, en gran parte, de la mayoría de la gente que trabaja y consume (lo que la literatura sociológica definiría como clase trabajadora y clases medias). Y a lo largo del periodo 2006-2011 se han mantenido o han aumentado.

Ahora bien, si analizamos qué ha pasado con las rentas derivadas del capital y de sus diferentes componentes, tales como capital financiero (bancos, compañías de seguros y compañías de alto riesgo, entre otros), capital industrial (grandes corporaciones multinacionales) o capital de servicios (empresas de marketing y asesorías, entre otras) vemos que los ingresos al Estado derivados de la carga impositiva sobre el capital han bajado de una manera muy acentuada, casi espectacular (-68%), pasando de 41.675 millones de euros a 13.383 millones. Es decir, en otras palabras, el Estado ha dejado de ingresar 28.292 millones de euros. En realidad, el descenso total de ingresos al Estado, pasando de 183.525 millones de euros a 158.516 millones, procede mayoritariamente de gravar menos las rentas del capital, hecho que es el mayor responsable de la bajada de ingresos al Estado durante este periodo (14%). En total el Estado ha pasado a ingresar 25.009 millones de euros menos, que es una cifra muy cercana a los 28.292 millones que el Estado no ingresó como consecuencia del descenso de los ingresos procedentes de las empresas, es decir, del capital. Manuel Lago documenta con gran detalle los cambios que han ido ocurriendo en cada uno de estos impuestos y sus consecuencias en cuanto a los ingresos al Estado. Lo que les acabo de escribir es el resumen de cómo han evolucionado los ingresos. Y lo más llamativo es que los ingresos procedentes del impuesto de sociedades (que es el impuesto al capital), que representaban el 23% de todos los impuestos en el año 2006, han pasado a ser sólo un 8%. Sí, lo ha leído bien, sólo un 8%. El mundo empresarial contribuye mucho, mucho menos que la mayoría de la población, incluyéndole a usted, lector, y a mí.

Ni que decir tiene que los centros de estudios financiados por la banca y por la gran patronal han intentado explicar tal descenso de su contribución al Estado atribuyéndolo a la reducción de sus beneficios, resultado de la crisis económica. Manuel Lago muestra contundentemente que ello no es del todo cierto. La reducción de beneficios es sólo una pequeña parte de la causa del descenso de los ingresos al Estado procedente de las empresas. Tal descenso es mucho mayor que el descenso de beneficios, una situación que es particularmente acentuada entre las grandes empresas, llamadas multinacionales. En realidad, el descenso de su aportación al Estado es consecuencia de la gran cantidad de lo que llaman incentivos fiscales, incluyendo las enormes deducciones, y nuevos sistemas de ingeniería contable que hacen que lo que en teoría pagan las rentas del capital (35%, bajado más tarde a 30%) se haya reducido en la realidad a un 5%. Sí, repito, ha leído bien, a un 5%. Las otras empresas (que no son grandes empresas multinacionales y facturan menos de diez millones de euros) pagan menos que su tipo nominal, siendo el real 15,3%, más de tres veces más que las multinacionales.

El significado de estos datos y otros aportados por el informe es que, durante el periodo de la crisis 2007-2011, las empresas financieras, industriales y de servicios (es decir, el capital) declararon 851.933 millones de euros de beneficios, por los cuales tributaron 101.421 millones, es decir, un 11,9%. Si hubieran pagado el 28,5%, que es lo que la Agencia Tributaria considera como el tipo nominal medio, el Estado hubiera ingresado 242.801 millones de euros, es decir, 141.380 millones de euros más, unos 35.000 millones de euros más anuales (tomando las cifras de 2009), que es, por cierto, la cifra de recortes de gasto público que los sucesivos gobiernos han estado exigiendo a la población española, recortes que se están haciendo para compensar las enormes ventajas fiscales que se han hecho a las rentas del capital. Es el tamaño de lo que debería llamarse el expolio social, muchas veces superior al supuesto expolio nacional. Y, en cambio, el gran debate es sobre este último (entre aquellos que sustentan que hay un expolio nacional y los que señalan que no lo hay), y no sobre el anterior, que está perjudicando a las clases populares de toda España, incluida Catalunya. El hecho de que los establishments políticos y mediáticos españoles y catalanes se centren en el debate nacional y no en el debate social, se explica por el enorme poder que el capital tiene sobre tales establishments a los dos lados del Ebro. Así de claro. Incluso, descontando deducciones justificables y otras medidas, tal como Hace Manuel Lago, la cantidad continúa siendo respetable. Es más, si las rentas del capital se gravaran como las rentas del trabajo a la mayoría de la clase trabajadora que está en nómina (como algunos partidos han sugerido), la cantidad de 35.000 millones ascendería a muchos millones más. ¿No creen que hay algo injusto en ello? A las clases populares se les está imponiendo toda una serie de sacrificios, a fin de mantener enormes beneficios y privilegios fiscales al gran empresariado financiero y multinacional del país. Créanme que en España, incluyendo Catalunya, el que no está indignado es que no sabe lo que está pasando en su entorno. Así de claro.

martes, 10 de abril de 2012

Democracia para Idiotas

Estos tiempos convulsos y revueltos en los que la ciudadanía no solo ha perdido la fe en los dirigentes sino también en el sistema político y financiero, están conduciendo al desánimo de muchos. También nos llevan a la búsqueda de alternativas a esta denostada democracia que nos han impuesto. Santiago Hernández León, con su obra Democracia para idiotas, nos aporta las herramientas necesarias para entender el por qué de esta situación y como posicionarnos para revertirla hacia una nueva sociedad en la que las decisiones estén en manos de los ciudadanos y no de determinadas élites como sucede en la actualidad.

Democracia para idiotas es un ensayo que nos acerca al concepto objetivo de democracia con un marcado carácter didáctico desde una valiente, osada y despiadada crítica hacia todos los estamentos que contribuyen de forma espuria a distorsionar y prostituir el verdadero sentido y esencia de la misma, con la finalidad de mantener los privilegios de unos pocos en detrimento de la mayoría de los ciudadanos. Desde el prólogo Santiago Hernández León deja manifiestamente claro su rechazo a un sistema que califica de “putrefacto”, eludiendo los circunloquios o términos políticamente correctos en los que muchos autores se refugian para no molestar a los poderosos (mercados, organizaciones empresariales, partidos políticos, sindicatos, poder judicial, medios de comunicación….). De forma pedagógica disecciona el concepto de democracia y sus dos vertientes, la política y la social, mediante el análisis y reflexión sobre la separación, división y elección de los poderes; las elecciones primarias, la financiación de los partidos, la elección del poder ejecutivo, legislativo y judicial; la limitación de mandatos, la transacción del voto, el bipartidismo, la alianza de partidos, los nacionalismos, la policía y división de poderes, los sindicatos, la prensa,…

En este ensayo Santiago Hernández León va más allá del concepto y del devenir histórico de la democracia, así como de las deliberaciones críticas sobre el sistema imperante con un canto a la esperanza en un vibrante epílogo en el que deja en manos de los ciudadanos “el poder para decidir nuestro futuro, para ejercer la libertad y buscar la felicidad, el propósito de nuestra vida”. Estamos en suma, ante un texto fruto de estudios teóricos, de análisis, de comprobaciones empíricas, de vivencias y de debates, elementos propios de su doble e inseparable condición de científico y de apasionado de la política.

Francisco Santana