Antonio Morales Méndez
Decididamente parece que el verano no le sienta bien a la democracia. Ni el verano ni los loco playas mensajeros de los mercados que atentan contra su futuro. Hace ya dos años, finalizado el estío de 2009, y en este mismo medio, escribí un texto resumen de lo acontecido en ese mes de agosto, que titulé “Las democracias no son para el verano”, en el que me hacía eco de la gravísima situación que se vivía con un sinfín de casos de corrupción en los medios de comunicación (decía el PP que aventados por el PSOE para tapar los propios y que utilizaba para ello a los policías, a los jueces…), con millones de trabajadores absolutamente desprotegidos, llenos de miedos y desaliento y del abandono de las víctimas y los familiares del accidente aéreo de Barajas de 2008.
Dos veranos más tarde la situación denunciada no sólo no ha mejorado sino que se ha agravado penosamente: los afectados por el accidente del JK 5022 siguen en las mismas condiciones, desprotegidos por el Estado y con un informe emitido tres años después –también en este agosto- por una CIAIAC incompetente y de imparcialidad cuestionable que exonera a las grandes compañías de aviación y deja en manos de la rentabilidad económica de éstas y de su cuenta de resultados la seguridad de todos nosotros; los trabajadores de este país continúan en un pozo sin fondo, cada vez con más hogares sin ningún tipo de recursos, con un mayor grado de exclusión social y con unas expectativas de futuro desesperanzadoras y los casos de corrupción que sembraron la alarma y la desazón en tanta gente (Tebeto, Tindaya, Góndola, Eolo, Faycán y Brisan en Canarias y Gürtel, Fundescan, en Madrid, Camps, Fabra y compañía en Valencia, Mata, Andratx y Palma en Mallorca, Totana en Murcia, etc), continúan en el limbo debido a que una Justicia lenta, sin medios, y algunas veces servil, no los ha puesto en su sitio y castigado severamente como principales causantes del debilitamiento de la democracia y el desafecto de la ciudadanía.
Transcurrido este tiempo, la realidad ha tomado una deriva increíble y todo parece haberse precipitado en este aciago verano. Los índices de percepción de la ciudadanía sobre la política y los políticos son cada día más negativos. El descrédito y los abismos que se abren entre los españoles y la política son cada día mayores.
A principios de agosto, la parte más visible de la voracidad del capitalismo no dudó en poner contra las cuerdas a EEUU y Europa, amenazando con llevarse por delante a Italia, España, Francia y por ende el proyecto de unidad europea. Era, como se pudo comprobar más tarde, una clara escenificación de su fuerza y de una potente amenaza; de hacer constar que son los mercados quienes toman las decisiones y que los estados y los gobiernos de turno no son más que torpes muestras de una caricatura de democracia. Se vivieron momentos muy duros de pavor e incertidumbre que se tradujeron posteriormente en un ataque brutal a lo público y a la propia democracia.
Como consecuencia de este embate de los mercados, en una buena parte de Europa y, desde luego, en España, se pone en marcha una presión calculada para exigir la desaparición de un número importante de municipios y, más tarde, de las diputaciones (Rubalcaba dixit). Alrededor de todo ello, unas veces de manera interesada y otras de manera inconsciente, se empiezan a suceder titulares hablando del despilfarro de los municipios, de los sueldos desmesurados de los alcaldes (así, de manera genérica) y de lo caro que supone al Estado mantener todo eso. No es casualidad tampoco que las instituciones municipales, que en las encuestas siempre han aparecido con una valoración alta por parte de los ciudadanos, salgan ahora también muy cuestionadas. Y es que van calando los mensajes. Todo lo público sobra. De repente ahora, tras siglos y siglos de existencia de estas administraciones, cercanas y efectivas como ninguna otra, nos damos cuenta de que no sirven para nada, que están de más y que son carísimas de mantener. Se trata en definitiva de transmitirnos que los servicios que prestan estas administraciones cercanas pero despilfarradoras, derrochadoras y mal gestionadas, se podrían sustituir por utes empresariales serias y solventes, ejemplos de buena gestión y llevadas por ejecutivos impecables que entonces si podrán cobrar sueldos millonarios, que pagaríamos todos, como ahora sucede con las eléctricas, las telefónicas, las cajas de ahorros, la banca estatal, etc, que antes eran públicas y ahora nos tienen sometidos a todos.
Por eso hay que ir a por los ayuntamientos, a por las diputaciones y después a por las comunidades hasta ahogarlas, desacreditarlas y poner a los ciudadanos en contra, con la complicidad de un gran poder mediático en manos de los grandes lobbys empresariales.
Y para eso, en posición de firme ante el neoliberalismo más duro y el capitalismo más brutal, al señor Zapatero no se le ocurre otra cosa que proponer al PP -en contra de la posición de otros países europeos como Dinamarca, por ejemplo, que acaba de aumentar su déficit público “para dinamizar la economía”, y en contra de la opinión de premios Nobel como Krugman, Stiglitz o Eric Maskin- modificar la Constitución española con el objetivo de limitar el déficit público y mandar otro mensaje de tranquilidad –el latiguillo de siempre- a los mercados, a los que, por cierto, la medida les ha entrado por un oído y salido por otro. Se ha escrito mucho sobre este tema y yo no quiero repetirme, pero está meridianamente claro que se trata del desprecio más absoluto a la democracia, a la pluralidad de partidos y a la ciudadanía y a sus organizaciones sociales y –esta reflexión no la he escuchado y me parece especialmente grave- al Parlamento. De un plumazo se escenifica, aunque esto no es nuevo, ante todos nosotros que el Parlamento, que el Poder Legislativo, una parte fundamental del Estado de Derecho, está a las órdenes del gobierno o de los partidos. Nos deja absolutamente claro el señor Zapatero que él toma una decisión y sus diputados –a pesar de algunas veladas críticas de salón- tendrán que seguirle sí o sí. El Parlamento está obligado a votar lo que digan los señores Zapatero y Rajoy. Y punto. Gravísimo, pero real. De un plumazo se decide cambiar la Constitución del consenso y el diálogo de la transición, para convertirla en un instrumento de arrinconamiento del Estado de Bienestar, para consolidar un modelo neoliberal social y económico. Para afianzar un bipartidismo entregado al capitalismo más duro. Para hacer de la Constitución un libro de cuentas, como si el país fuera un gran centro comercial. Para, por una vía absolutamente antidemocrática, cambiar el sistema político de un país convirtiéndolo en neoliberal, así, sin más. Como si no fuera mucho más urgente y necesario hacer todas las reformas que sean precisas para modificar la Ley Electoral, para apuntalar el Estado de Bienestar o para profundizar en los mecanismos de creación de empleo y vivienda…
Igualito que en Francia, donde sí saben de constituciones sagradas. Ahí al señor Sarkozy, que junto con Merkel está dirigiendo la política económica española, no se le ha ocurrido cambiar la Constitución sino poner en marcha –también en agosto y a petición de los franceses más ricos- un gravamen especial del 3% a los que ganan más de 500.000 euros hasta bajar el déficit. Aquí, dice el señor Rubalcaba –que anda prometiendo ahora todo lo que no ha querido hacer mientras gobernaba- se tomará esta medida en la próxima legislatura. Y no se le termina de caer el pelo.
Cuanto sometimiento, Dios mío, de una socialdemocracia incompetente para buscar alternativas y de una derecha retrógrada, seguidista e incapaz de poner otras propuestas que no sean la de más privatizaciones y menos Estado.
Nunca un verano había dado para tanto liberticidio. Los políticos de turno con capacidad de decisión no han intentado siquiera disimular su papel de comparsas y de cómplices activos y necesarios para el desmoronamiento de la democracia, de los derechos sociales y laborales, de la defensa de las libertades y de lo público.
No son calasas ni “solesiás” de un verano intenso. Aunque nos lo quieran hacer creer, los disturbios de Londres, como antes los de París, Grecia, etc, no son una anécdota. El rechazo a la política y a los políticos no es una casualidad. El aumento de la extrema derecha no es una broma.
