¿División de la izquierda o conciencia democrática?

Una proporción importante de la ciudadanía española y europea está saliendo de la idiotez ante la revolución emprendida por las élites financieras y sus apoderados en los partidos tradicionales. La gente empieza a preguntarse qué es lo que ha estado ocurriendo, signo inequívoco de que empiezan a preocuparse por la política, a no pasar de todo, a preguntarse si realmente estábamos viviendo en un sistema democrático. El movimiento 15M ha sido, sin duda, el comienzo del despertar de una juventud a la que nunca se quiso educar en política (incluso existiendo una ley que lo exige y que nunca se puso en práctica), pues para mantener el sistema de privilegios era preciso mantenerlos en la ignorancia y abducidos para ir a votar lo que los medios de comunicación (en manos de esas élites) predican.

            No sé si ha sido la pérdida de calidad de vida o que la juventud se ha desenganchado de los medios oficiales y viven en internet, o ambas cosas, pero el caso es que están reaccionando. El problema es que dicha reacción hasta ahora solo ha sido estética, al igual que ocurrió en el mayo del 68 en el que el movimiento estuvo plagado de frases maravillosas, utópicas, llenas de ansias de libertad. Sin embargo, más de un millón de personas pasaron por delante de la sede del Gobierno Francés y a nadie se le ocurrió siquiera pararse, tal y como hicieron los ciudadanos del bloque del este en los 90. Éstos tenían claro donde ir (o al menos donde no quedarse). En cambio, en el mayo del 68, al igual que ahora, solo quedaron para seguir convocando asambleas. El problema es que en aquél momento (al igual que ahora) no se sabía donde ir, cual era el norte.

            Un claro error en movimientos como el 15M ha sido querer asimilarse a opciones de izquierda. De hecho, un porcentaje muy alto de la población que simpatizó con el 15M fueron votantes de derechas. Una parte importante de la ciudadanía se ha dado cuenta de que la democracia que nos impusieron durante la transición española no salvaguarda las libertades, el derecho a decidir, a no dejarse avasallar por unos cuantos. Y ese es el problema. El sistema impuesto, la democracia parlamentaria, no es un sistema democrático propiamente dicho. Sería muy largo exponer esto aquí (si alguien está interesado se puede bajar un extenso texto en http://democraciaparaidiotas.blogspot.com) pero las consecuencias de aquella, repito, imposición las estamos sufriendo ahora. Las tropelías de este sistema , tanto por parte de la derecha, como de la socialdemocracia, como de la izquierda (allí donde gobernaron) las hemos padecido durante años y claro, de aquellos polvos, estos lodos.

            Una de las características de esa democracia parlamentaria es que el sistema está trucado para que ninguna otra opción, salvo las bendecidas por las élites financieras, pueda tener representación política. Uno de esos instrumentos perversos es el sistema electoral como reconoce ya casi toda la ciudadanía. El sistema de listas electorales (cerradas o abiertas) es la varita mágica para que, por ejemplo, no pueda existir la unidad de la izquierda. Las personas concienciadas socialmente no admiten fácilmente el caudillismo de una lista electoral, algo sociológicamente aceptado en el partido de la derecha y en parte de sus votantes. Desgraciadamente esto último ocurre en algunos movimientos de izquierda y allí donde han gobernado han terminado copiando el mismo sistema corrupto que hoy criticamos. En cualquier caso, hacer una lista electoral es una dádiva del actual sistema a unos pocos, y esos que tienen ese poder difícilmente van a renunciar a él. Otra cosa distinta sería que los votantes de un distrito elijan a sus representantes, a su vez elegidos en primarias dentro de los partidos. Estoy seguro (en contraposición a lo que muchos piensan) que la izquierda tendría mucha más representación. Eso sí, las élites del partido, las trasnochadas vanguardias, perderían poder. Se permitiría que cualquier persona pueda entrar en una formación mayoritaria sin tener que rendir pleitesía a los eternos dirigentes. En su distrito haría la política que sus ciudadanos le demandan y la aristocracia de los partidos desaparecería.

            El problema ya no reside en que gobiernen las derechas o las izquierdas si el sistema les permite corromperse, cosa que termina ocurriendo si nadie lo impide. El problema está en tener un sistema democrático o no, y de eso estamos muy lejos en España y Europa. Parece claro que los que gobiernan (financieros y apoderados) no van a permitir perder su status. Nadie que tenga poder lo cede fácilmente. Por tanto, la unidad de la izquierda poco va a solucionar si no es capaz de cambiar las reglas del juego. Éstas las tendremos que cambiar todos, los demócratas seamos o no izquierda.

            Claro, para hacer esto, primero habrá que conocer lo que es realmente el sistema democrático, aquél en el que el pueblo es soberano, aquél en el que no tengamos que depositar nuestra confianza en la responsabilidad personal de los gobernantes, aquél en  que los representantes respondan directamente ante sus votantes, con unas reglas que no se cambien en la mitad del partido. El sistema democrático se basa en dividir el poder, en el que cualquier cargo de responsabilidad sea elegido por un tiempo determinado, en el que el poder se divida al máximo para que nadie tenga demasiado poder, aquél que procura la igualdad (política y social), aquél que hace a los ciudadanos y representantes responsables de sus actos,… Quizás el mayor escollo para tener esa ansiada democracia es admitir que la razón es totalitaria (cada persona tiene la suya e intenta imponerla), que el sistema se construye entre todos y no en base a unos cuantos con mayor capacidad de liderazgo y seducción.

            Por tanto, no me preocupa la unidad de la izquierda (algo imposible hasta en las situaciones más difíciles, e imposible en nuestro trucado sistema), me preocupa la poca formación democrática de la ciudadanía (de derechas o de izquierdas). Sin ella es imposible que esa gran mayoría tenga claro donde ir. Cuando tengamos ese camino en nuestra mente, las cosas se desarrollarán vertiginosamente.

Santiago Hernández León

Felíz Día de Canarias

Nada es comparable con lo que ocurre en Canarias. En esta autonomía española el sistema democrático es una quimera aceptada por todos, legitimada. De nuestras siete islas, dos de ellas están muy pobladas con el 40 y el 43% de los canarios en cada una, y el resto (17%) en las cinco islas restantes. Cuando se conquistan las libertades democráticas en este país, en Canarias en vez de llevar a cabo un sistema lógico de una persona un voto y de igual valor se establece lo que en su momento se denominó la triple paridad. Había que representar a las islas más pobladas, menos pobladas y a toda la ciudadanía a la vez. Ni idea de lo que es la democracia (quiero pensar). Se crea un sistema en el que las islas menos pobladas eligen al 50% de los diputados en el parlamento y las dos islas más pobladas al otro 50%. Es decir, el 17% de la población elige a la mitad de los parlamentarios y el 83% restante a la otra mitad. Todos conocemos que el voto de una persona de la isla de El Hierro, por ejemplo, vale 14 veces más que el voto de una persona de cualquiera de las islas más pobladas.

Este invento genuinamente canario consiste en llevar la desproporción de las democracias parlamentarias a las máximas consecuencias. Sin duda, es uno de los engaños más importantes que he visto y una de las mayores injusticias realizadas con un pueblo europeo. Es evidente que la clase política en el poder favorezca los deseos de ese 17% de la población. El neocaciquismo adquiere su máxima expresión. Así hemos visto inversiones millonarias para unos pocos mientras una parte de la población de las islas más pobladas sufre pobreza, desarraigo y marginación. Un desastre social de enormes proporciones. Siempre digo en broma (o quizás en serio) que si un habitante de El Hierro le pide al político de turno que le pinte la casa, no solo lo hará sino que si quiere le pondrá un piso más. Su voto vale en el mercado electoral una fortuna. Lo mismo ocurre en las demás islas periféricas. Es evidente también que el ciudadano que no sea de la cuerda del sistema caciquil en esas islas lo tiene dificil.

Tanto los partidos de derechas como los de izquierda han aceptado durante tres décadas esta flamante injusticia, aumentando las diferencias sociales entre las islas más y menos pobladas. Han establecido un sistema caciquil sostenido tanto en partidos de derechas como de izquierdas. A nadie se le esconde el caso de un presidente del cabildo del partido socialista que paga los entierros a los habitantes de una isla. No sé si es de risa o para llorar pero el caso es que no somos iguales ni siquiera cuando acaba nuestra vida. Los partidos (de derechas o de izquierdas) solo se han centrado en conquistar el poder o parcelas de poder, algo que sin duda soluciona la vida a unos cuantos. A los demás que nos zurzan.

Lo más grave es que el problema es irresoluble pues los partidos que se benefician de esa situación no quieren ni oir hablar del tema. Alimentando bien el caciquismo periférico, la situación es absolutamente irreversible. Cualquier partido que proponga un sistema electoral justo verá como ese 17% de la población votará mayoritariamente en contra, por lo que el 50% de los diputados canarios no querrán oir hablar del tema. Tampoco se puede proponer legalmente una iniciativa popular pues la ley no lo permite. Dicen que en democracia el pueblo es soberano y lo que realmente ocurre es que en Canarias unos ciudadanos son más soberanos que otros. Esa es la realidad. No hay solución. En las islas de Gran Canaria y Tenerife, el 83% de la población de Canarias, verá indefinidamente como su nivel de vida y bienestar bajan, y la pobreza y marginación aumentan. Mientras,… sigue la fiesta.

Santiago Hernández León

Patria y democracia: las razones del fascismo

Augusto Klappenbach

Filósofo

01 mar 2013

El general de división en la reserva Juan Antonio Chicharro proclamó en un discurso pronunciado en el club de la Gran Peña la siguiente soflama: “El patriotismo es un sentimiento y la Constitución no es más que una ley”. El general tiene razón. Es evidente que el patriotismo es de naturaleza emotiva y que la Constitución, por el contrario, se limita a formular un marco jurídico que establece los principios a los que debe ajustarse la legislación vigente. Lo perverso de su proclama consiste en la conclusión que saca de esa verdad: “La patria es anterior y más importante que la democracia”. Es decir, si lo entiendo bien, que un sentimiento se permite situarse por encima de la ley. Si extrapolamos las consecuencias de esta afirmación, habría que suponer que sentimientos tales como la ira o la pasión erótica gozan de mayor dignidad que las leyes que los regulan. Una idea que cuenta con antecedentes históricos, como la famosa frase de Cánovas del Castillo. “con la patria se está, con razón o sin ella”.

Esta exaltación de los sentimientos constituye la raíz ideológica del fascismo. La mentalidad fascista se basa en la exaltación emotiva de conceptos como la patria, el honor, el pueblo, la religión etc., exaltación que se traslada a la persona del líder, indispensable para coronar su doctrina. Frente a estos valores absolutos, las leyes cumplen un papel subsidiario en la medida en que encarnan acuerdos racionales y por lo tanto carentes de esa supuesta grandeza de que gozan sus ideas fundacionales. Los supuestos de la ideología fascista prefieren siempre valores irracionales, emociones ciegas que permiten un manejo discrecional de la conducta, sin otros límites que aquellos que imponga un líder que no está sujeto a los fastidiosos límites de la ley.

Esas emociones del fascismo siempre tienen un carácter abstracto. La idea fascista de patriotismo, por ejemplo, no se refiere a los legítimos sentimientos que provoca nuestra vinculación al lugar en que hemos nacido, al recuerdo de nuestra infancia, a los familiares y amigos que viven en ella, sino que constituye una idea hipostasiada, una realidad que cobra vida propia y que es capaz de exigir el sacrificio de las personas reales que la habitan. Lo mismo sucede con conceptos como el de pueblo, que ha sido despojado de su carácter concreto, de las diferencias que incluye y de la variedad de quienes lo integran, para convertirse en una masa indiferenciada a la que se atribuye una “unidad de destino” fabricada a medida de los intereses del líder que encarna su doctrina.

Por eso el fascismo abomina de la universalidad y de la racionalidad para refugiarse en un concepto de patria construido a la medida de aquello que puede abarcar su voluntad de dominio. El racismo, el machismo, la xenofobia no son accidentes sino elementos constitutivos de la ideología fascista. Pertenece a su esencia el desprecio de la razón, única “facultad de lo universal” de que gozamos los humanos y única garantía de que somos capaces de respetar nuestras diferencias sin someterlas a una violenta nivelación. Cuando los viejos griegos inventaron el logos descubrieron un instrumento mediante el cual los hombres eran capaces de compartir un terreno común más allá de sus diferencias empíricas o emotivas. La primacía de la ley constituye la única garantía de que seres humanos muy diversos puedan convivir en paz, en la medida en que renuncian a convertir sus propios sentimientos en criterios universales.

Al general Chicharro se le podrán atribuir muchos defectos menos el de incoherencia. Su discurso refleja fielmente los dogmas de la doctrina fascista: la unidad de España, tal como ellos la entienden, está por encima de todos los españoles de carne y hueso. Y, por supuesto, de sus leyes.

Nota del bloguero: Dedicado a mis amigos nacionalistas, para ver si maduran.

Las causas reales de los recortes

Vicenç Navarro

Catedrático de Políticas Públicas. Universidad Pompeu Fabra, y Profesor de Public Policy. The Johns Hopkins University.

Publicado en Público ( 28 feb 2013)

Uno de los argumentos que se dan con mayor insistencia para justificar las políticas públicas de recortes de gasto público, incluyendo gasto público social, es que los Estados se están gastando mucho más de lo que pueden hacerlo. Desde esta postura se argumenta que los gastos en pensiones, en sanidad, en educación, en servicios sociales, en escuelas de infancia y una larga lista de transferencias y políticas públicas del Estado del Bienestar han  alcanzado dimensiones que no son sostenibles para las arcas del Estado, sean éstas del gobierno central o de las Comunidades Autónomas (CCAA). De acuerdo con tal teoría, el gobierno español ha tomado la decisión de recortar nada menos que 39.000 millones de euros en 2013 que van a afectar muy negativamente a los componentes citados del Estado del Bienestar de España y de sus Comunidades Autónomas, incluyendo Catalunya. Los recortes impuestos por el gobierno central a las CCAA -que son las que gestionan la mayoría de los servicios públicos de tal Estado del Bienestar- representan un ataque frontal (y no hay otra manera de describirlo) a estos servicios públicos, que ya están entre los menos financiados de la UE-15, el grupo de países de nivel de desarrollo semejante al español, incluyendo el catalán. El gasto social (predominantemente público) por habitante en España y en Catalunya está entre los más bajos en tal comunidad. La media de la UE-17 (que es la UE-15 más Eslovaquia y Estonia) fue de 8.030 unidades de poder de compra en 2010, mientras que en España fue de 6.284 y en Catalunya de 6.563. Es decir, que tanto España en su conjunto como Catalunya gastan en protección social aproximadamente una quinta parte menos de lo que gastan los países con semejante nivel de desarrollo.

El argumento de que nos hemos estado gastando más de lo que podemos gastarnos carece pues de credibilidad científica. Mientras que el nivel de riqueza de España y Catalunya fue el 91% y el 110% del PIB del promedio de la UE-15 respectivamente, el gasto social por habitante fue sólo del 78% y del 82% del promedio de tal comunidad incluyendo también Estonia y Eslovaquia. Tanto España como Catalunya son lo suficientemente ricas como para gastar muchos más recursos de los que gastan en su Estado del Bienestar. Lo que ocurre es que el Estado no los recoge. Los ingresos al Estado y a la Generalitat de Catalunya son más bajos de lo que les correspondería por el nivel de riqueza que tales países tienen. Mírese como se mire, el hecho es que los recortes no pueden justificarse porque nos gastemos demasiado.

La causa de tales recortes hay que buscarla en otro lugar. Y éste es, precisamente, en el enorme poder que las entidades financieras tienen, tanto en Catalunya y en España, como en la Eurozona, donde recae la responsabilidad por tales recortes. Veamos los datos. A la vez que el gobierno español quiere recortar 39.000 millones de euros, el mismo gobierno tiene pensado gastarse 38.589 millones de euros sólo en pagar los intereses de la deuda pública, intereses que han sido artificialmente elevados como resultado del diseño del sistema financiero de la Eurozona. Si el Banco Central Europeo (BCE), y antes el Banco de España, hubieran prestado desde 1989 al Estado español dinero a los mismos intereses a los que el BCE lo ha prestado a la banca privada, la deuda pública española sería hoy un 14% del PIB, en lugar del 90%. El Banco Central Europeo no es un Banco Central sino un enorme lobby de los intereses financieros. De ahí que preste dinero a un 1% a la banca privada y que sea ésta la que con este dinero compre bonos del Estado español a unos intereses del 6% y del 7%. Un negocio redondo y que la población paga a base de recortes y recortes del gasto público, incluyendo el social. Ésta es la razón de que haya tantos recortes. Y todo un tinglado ideológico se ha construido y promovido por los medios de mayor difusión a fin de justificar tal realidad. Así de claro.

La banca, el fraude fiscal y el New York Times

Vicenç Navarro

Catedrático de Políticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra y
Profesor de Public Policy en The Johns Hopkins University

El New York Times ha ido publicando una serie de artículos sobre Emilio Botín, presentado por tal rotativo como el banquero más influyente de España, y Presidente del Banco de Santander, que tienen inversiones financieras de gran peso en Brasil, en Gran Bretaña y en Estados Unidos,además de en España. En EE..UU. el Banco de Santander es propietario de Sovereign Bank.

Lo que le interesa al rotativo estadounidense no es, sin embargo, el comportamiento bancario del Santander, sino el de su Presidente y el de su familia, así como su enorme influencia política y mediática en España. Un indicador de esto último es que ninguno de los cinco rotativos más importantes del país ha citado o hecho comentarios sobre esta serie de artículos en el diario más influyente de EE.UU. y uno de los más influyentes del mundo.

Una discusión importante de tales artículos es el ocultamiento por parte de Emilio Botín y de su familia de unas cuentas secretas establecidas desde la Guerra Civil en la banca suiza HSBC. Por lo visto, en las cuentas de tal banco había 2.000 millones de euros que nunca se habían declarado a las autoridades tributarias del Estado español. Pero, un empleado de tal banco suizo, despechado por el maltrato recibido por tal banco, decidió publicar los nombres de las personas que depositaban su dinero en dicha banca suiza, sin nunca declararlo en sus propios países. Entre ellos había nada menos que 569 españoles, incluyendo a Emilio Botín y su familia, con grandes nombres de la vida política y empresarial: José María Aznar; Dolores Cospedal; Rodrigo Rato; Narcís Serra; Eduardo Zaplana; Miguel Boyer; José Folgado; Carlos Solchaga; Josep Piqué; Rafael Arias-Salgado; Pío Cabanillas; Isabel Tocino; Jordi Sevilla; Josu Jon Imaz; José María Michavila; Juan Miguel Villar Mir; Anna Birulés; Abel Matutes; Julián García Vargas; Ángel Acebes; Eduardo Serra; Marcelino Oreja...).

Según el New York Times, esta práctica es muy común entre las grandes familias, las grandes empresas y la gran banca. El fraude fiscal en estos sectores es enorme. Según la propia Agencia Tributaria española, el 74% del fraude fiscal se centra en estos grupos, con un total de 44.000 millones de euros que el Estado español (incluido el central y los autonómicos) no ingresa. Esta cantidad, por cierto, casi alcanza la cifra del déficit de gasto público social de España respecto la media de la UE-15 (66.000 millones de euros), es decir, el gasto que España debería gastarse en su Estado del Bienestar (sanidad, educación, escuelas de infancia, servicios a personas con dependencia, y otros) por el nivel de desarrollo económico que tiene y que no se gasta porque el Estado no recoge tales fondos. Y una de las causas de que no se recojan es precisamente el fraude fiscal realizado por estos colectivos citados en el New York Times. El resultado de su influencia es que el Estado no se atreve a recogerlos. En realidad, la gran mayoría de investigaciones de fraude fiscal de la Agencia Tributaria se centra en los autónomos y profesionales liberales, cuyo fraude fiscal representa -según los técnicos de la Agencia Tributaria del Estado español- sólo el 8% del fraude fiscal total. Es también conocida la intervención de autoridades públicas para proteger al Sr. Emilio Botín de las pesquisas de la propia Agencia Tributaria.

El caso más conocido es la gestión realizada por la exVicepresidenta del Gobierno español, la Sra. De la Vega, para interrumpir una de tales investigaciones. Pero el Sr. Botín no es el único. Como señala el New York Times, hace dos años, César Alierta, presidente de Telefónica, que estaba siendo investigado, dejó de estarlo. Como escribe el New York Times con cierta ironía, "el Tribunal desistió de continuar estudiando el caso porque, según el juez, ya había pasado demasiado tiempo entre el momento de los hechos y su presentación al tribunal". Una medida que juega a favor de los fraudulentos es la ineficacia del Estado así como su temor a realizar la investigación. Fue nada menos que el Presidente del Gobierno español, el Sr. José Mª Aznar, que en un momento de franqueza admitió que "los ricos no pagan impuestos en España". Tal tolerancia por parte del Estado con el fraude fiscal de los súperricos se justifica con el argumento de que, aún cuando no pagan impuestos, las consecuencias de ello son limitadas porque son pocos. El fraude alcanza niveles de frivolidad.

Se Ignora la enorme concentración de las rentas y de la propiedad existente en España, uno de los países donde las desigualdades sociales son mayores y el impacto redistributivo del Estado es menor. Los 44.000 millones de euros al año que no se recaudan de los súper ricos por parte del Estado hubieran evitado los enormes recortes de gasto público social que el Estado español está hoy realizando.

Pero otra observación que hace el New York Times sobre el fraude fiscal y la banca es el silencio que existe en los medios de información sobre tal fraude fiscal. Tal rotativo cita a Salvador Arancibia, un periodista de temas financieros en Madrid, que trabajó para el Banco Santander, que señala como causas de este silencio el hecho de que el Banco Santander gasta mucho dinero en anuncios comerciales, siendo la banca uno de los sectores más importantes en la financiación de los medios, no sólo comprando espacio de anuncios comerciales, sino también proveyendo créditos -aclara el Sr. Salvador Arancibia- "...medidas de enorme importancia en un momento como el actual, donde los medios están en una situación financiera muy delicada". De ahí que tenga que agradecer al diario que se atreva a publicarlo, porque hoy, artículos como los que publica el New York Times y el mío propio, no tienen fácil publicación en nuestro país. Es lo que llaman "libertad de prensa".

En España la corrupción es legal

Jaume Grau

1 de febrero de 2013

El problema de la corrupción en España no se encuentra en la financiación ilegal de los partidos políticos, ni en los sobresueldos que han salido a la luz gracias al affaire de Barcenas, ni en los negocios más o menos oportunistas y fraudulentos que puedan hacer algunos miembros de la familia real. Todos estos casos que tienen responsables con nombres y apellidos son los granitos que supuran pus y que aparecen como síntoma de la enfermedad, pero no son la enfermedad en si. La enfermedad, la corrupción, actúa a otro nivel, a un nivel no detectable por la justicia, actúa de forma legal y aparentemente sin mácula.
El problema de la corrupción en España se encuentra en la connivencia entre una clase económica y empresarial muy poderosa pero poco competitiva y una parte muy importante de nuestra clase política que en algunos casos actúa de buena fe, aparentemente para salvaguardar los intereses económicos de España. Salvando honrosas excepciones que las hay, el empresariado de este país no tiene más remedio que medrar a costa del estado para sobrevivir, porqué es incapaz de ganar en competividad y en justa lid con empresas de otros países, dentro y fuera de nuestras fronteras. Por eso necesita al estado, por eso necesita políticos fácilmente corruptibles, porque es más fácil saber a qué puerta hay que llamar para llevarse un concurso que preparar un proyecto sólido que lo gane en competencia y sin ningún género de dudas.

Hay un dato sólido que viene a apoyar esta apreciación: España es el estado que más sanciones acumula de la UE por causas diversas, que van de las ayudas ilegales a empresas (el reciente caso Magefesa), a falta de control de las autoridades en diversas actividades económicas (véase el caso de las plantaciones de viña en Castilla la Mancha y Extremadura), o en adjudicaciones de concursos no ajustadas a la ley. El tribunal de la UE ha sancionado esta semana a España a pagar 33 millones de euros por las adjudicaciones fraudulentas de diversos tramos del AVE que va de Madrid a Barcelona.

Esto es corrupción: concursos amañados de antemano, sobrecostes en las obras adjudicadas, atribución de plazas a dedo, recalificación de terrenos, favoritismo electoralista en las inversiones, precios pactados al alza en distintos servicios, trato de favor fiscal , condonación de créditos, favoritismo en la publicidad institucional en medios de comunicación, la lista es interminable y afecta a casi todos los niveles de la producción. Todos estos procesos se realizan en la más estricta legalidad, pero son prácticas corruptas, y de estas prácticas surgen los especímenes oportunistas que intentan sacar provecho propio, o los partidos que intentan sufragar sus gastos como pago a sus favores.
La corrupción, pues, actúa de forma legal, es una enfermedad crónica, una práctica que pocos cuestionan, y que alarma y horroriza a la sociedad cuando vemos que síntomas producen, sean políticos que se enriquecen, sean partidos que se financian. La corrupción es una enfermedad, con una horrible patología, pero es de ley. En España la corrupción es un asunto de estado, un asunto legal.