Vicenç Navarro
Catedrático de Políticas
Públicas. Universidad Pompeu Fabra, y Profesor de Public Policy. The Johns
Hopkins University.
Publicado en el periódico digital "Público" el 6 de diciembre de 2012.
Un argumento utilizado
por los independentistas catalanes para defender la tesis de que Catalunya
tendría más recursos si se independizara de España es que España está
“expoliando” a Catalunya. No voy a entrar en este artículo en este tema, sobre
el cual he escrito extensamente en varios artículos mostrando que el escaso
desarrollo social de Catalunya no se debe al supuesto expolio nacional sino al
enorme poder que las derechas catalanas y españolas han tenido y continúan
teniendo a los dos lados del Ebro, situación responsable del subdesarrollo
social de Catalunya y de otras partes de España, como documento en mi libro El
Subdesarrollo social de España. Causas y Consecuencias, Anagrama. 2006. En este
artículo quiero centrarme en la existencia de un expolio del cual ni los
nacionalistas de los dos lados del Ebro ni nadie más están hoy hablando, ni en
Catalunya ni en España. Es el expolio de una minoría -lo que solía llamarse la
burguesía financiera e industrial- al resto de la población, y que está
ocurriendo a lo largo de todo el territorio español, incluyendo Catalunya. Tal
minoría no está contribuyendo al Estado (tanto central como autonómico) lo que
contribuyen todos los demás. Si pagara al Estado lo que pagan todos los demás,
la cifra resultante para toda España sería de más de 30.000 millones de euros
al año, con lo cual podríamos haber evitado hacer todos los recortes de gasto
público y social que están dañando de una manera muy acentuada el bienestar y
calidad de vida de la mayoría de la población en general y de las clases
populares en particular, tanto en Catalunya como en el resto de España. (Ver el
informe del Observatorio Social de España, El impacto de la crisis en las
familias y en la infancia. Ariel. 2012).
Para entender la
naturaleza de este expolio, hay que entender cuáles son las fuentes de ingreso
más importantes al Estado que incluye, como he señalado en el párrafo anterior,
no sólo el Estado central, sino los Estados autonómicos. Pues bien, cuatro son
las fuentes más importantes: una son los ingresos derivados de los impuestos
sobre las rentas, primordialmente del trabajo, o IRPF (que es un impuesto que
paga la mayoría de la población trabajadora); la otra fuente son los impuestos
sobre el capital que afectan a un grupo muy minoritario de la población
(predominantemente los burgueses y los grandes empresarios); la tercera fuente
son los impuestos sobre el consumo, IVA, que toda la población,
independientemente de sus ingresos, paga cuando compra algo, y que es sumamente
regresivo; una cuarta fuente son los impuestos especiales que, como su nombre
indica, son impuestos para fines concretos; y, finalmente, otra categoría que
se define como “otros impuestos”.
Pues bien, según el
excelente informe de la Fundación 1º de Mayo de Comisiones Obreras (uno de los
centros de estudios más rigurosos que
publica periódicamente informes que cuestionan la credibilidad del conocimiento
producido por los centros de estudios financiados por la Banca y la Gran
Patronal, como FEDEA), escrito por el economista Manuel Lago (y del cual
extraigo la mayoría de los datos que presento en este artículo), los ingresos
derivados del IRPF en España, desde el último año antes de que se iniciara la
crisis, 2006, hasta el año 2011, crecieron un 6%, pasando el Estado de ingresar
64.638 millones de euros a 68.557 millones. Los fondos públicos procedentes del
impuesto sobre el consumo bajaron sólo ligeramente (-2%), pasando de 52.817
millones de euros a 51.580 millones. Los fondos que el Estado recogía vía los
impuestos especiales crecieron muy poco (2%), pasando de 18.699 millones de
euros a 19.025 millones, y la categoría de “otros impuestos” subió más (5%),
pasando de 5.696 millones de euros a 5.971 millones. Estos fondos procedentes
de tales impuestos derivan, en gran parte, de la mayoría de la gente que
trabaja y consume (lo que la literatura sociológica definiría como clase
trabajadora y clases medias). Y a lo largo del periodo 2006-2011 se han
mantenido o han aumentado.
Ahora bien, si analizamos
qué ha pasado con las rentas derivadas del capital y de sus diferentes
componentes, tales como capital financiero (bancos, compañías de seguros y
compañías de alto riesgo, entre otros), capital industrial (grandes
corporaciones multinacionales) o capital de servicios (empresas de marketing y
asesorías, entre otras) vemos que los ingresos al Estado derivados de la carga
impositiva sobre el capital han bajado de una manera muy acentuada, casi
espectacular (-68%), pasando de 41.675 millones de euros a 13.383 millones. Es
decir, en otras palabras, el Estado ha dejado de ingresar 28.292 millones de
euros. En realidad, el descenso total de ingresos al Estado, pasando de 183.525
millones de euros a 158.516 millones, procede mayoritariamente de gravar menos
las rentas del capital, hecho que es el
mayor responsable de la bajada de ingresos al Estado durante este periodo
(14%). En total el Estado ha pasado a ingresar 25.009 millones de euros menos,
que es una cifra muy cercana a los 28.292 millones que el Estado no ingresó
como consecuencia del descenso de los ingresos procedentes de las empresas, es
decir, del capital. Manuel Lago documenta con gran detalle los cambios que han
ido ocurriendo en cada uno de estos impuestos y sus consecuencias en cuanto a
los ingresos al Estado. Lo que les acabo de escribir es el resumen de cómo han
evolucionado los ingresos. Y lo más llamativo es que los ingresos procedentes
del impuesto de sociedades (que es el impuesto al capital), que representaban
el 23% de todos los impuestos en el año 2006, han pasado a ser sólo un 8%. Sí,
lo ha leído bien, sólo un 8%. El mundo empresarial contribuye mucho, mucho
menos que la mayoría de la población, incluyéndole a usted, lector, y a mí.
Ni que decir tiene que
los centros de estudios financiados por la banca y por la gran patronal han
intentado explicar tal descenso de su contribución al Estado atribuyéndolo a la
reducción de sus beneficios, resultado de la crisis económica. Manuel Lago
muestra contundentemente que ello no es del todo cierto. La reducción de
beneficios es sólo una pequeña parte de la causa del descenso de los ingresos
al Estado procedente de las empresas. Tal descenso es mucho mayor que el
descenso de beneficios, una situación que es particularmente acentuada entre
las grandes empresas, llamadas multinacionales. En realidad, el descenso de su
aportación al Estado es consecuencia de la gran cantidad de lo que llaman
incentivos fiscales, incluyendo las enormes deducciones, y nuevos sistemas de
ingeniería contable que hacen que lo que en teoría pagan las rentas del capital
(35%, bajado más tarde a 30%) se haya reducido en la realidad a un 5%. Sí,
repito, ha leído bien, a un 5%. Las otras empresas (que no son grandes empresas
multinacionales y facturan menos de diez millones de euros) pagan menos que su
tipo nominal, siendo el real 15,3%, más de tres veces más que las
multinacionales.
El significado de estos
datos y otros aportados por el informe es que, durante el periodo de la crisis
2007-2011, las empresas financieras, industriales y de servicios (es decir, el
capital) declararon 851.933 millones de euros de beneficios, por los cuales
tributaron 101.421 millones, es decir, un 11,9%. Si hubieran pagado el 28,5%,
que es lo que la Agencia Tributaria considera como el tipo nominal medio, el
Estado hubiera ingresado 242.801 millones de euros, es decir, 141.380 millones
de euros más, unos 35.000 millones de euros más anuales (tomando las cifras de
2009), que es, por cierto, la cifra de recortes de gasto público que los
sucesivos gobiernos han estado exigiendo a la población española, recortes que
se están haciendo para compensar las enormes ventajas fiscales que se han hecho
a las rentas del capital. Es el tamaño de lo que debería llamarse el expolio
social, muchas veces superior al supuesto expolio nacional. Y, en cambio, el
gran debate es sobre este último (entre aquellos que sustentan que hay un
expolio nacional y los que señalan que no lo hay), y no sobre el anterior, que
está perjudicando a las clases populares de toda España, incluida Catalunya. El
hecho de que los establishments políticos y mediáticos españoles y catalanes se
centren en el debate nacional y no en el debate social, se explica por el
enorme poder que el capital tiene sobre tales establishments a los dos lados
del Ebro. Así de claro. Incluso, descontando deducciones justificables y otras
medidas, tal como Hace Manuel Lago, la cantidad continúa siendo respetable. Es
más, si las rentas del capital se gravaran como las rentas del trabajo a la
mayoría de la clase trabajadora que está en nómina (como algunos partidos han
sugerido), la cantidad de 35.000 millones ascendería a muchos millones más. ¿No
creen que hay algo injusto en ello? A las clases populares se les está
imponiendo toda una serie de sacrificios, a fin de mantener enormes beneficios
y privilegios fiscales al gran empresariado financiero y multinacional del
país. Créanme que en España, incluyendo Catalunya, el que no está indignado es
que no sabe lo que está pasando en su entorno. Así de
claro.